El gobernador Rafael Moreno Valle fue “persecutor” de comunicadores críticos, por lo que documentaron testimonios de agresiones contra medios locales en un informe dirigido a organizaciones locales, nacionales e internacionales encargadas de defender la libertad de expresión.
Así lo denunciaron reporteros y directores de medios poblanos, quienes señalaron que en 2012, el mandatario agredió y trató de encarcelar a varios a través del departamento de Comunicación Social, encabezado por Sergio Ramírez Robles.
Después de ese año, relataron, el mandatario panista emprendió “espionaje y acoso” cibernético contra los periodistas, lo cual fue documentado recientemente por el diario estadounidense The New York Times.
En la quinta jornada de los informes ciudadanos, en la Universidad Iberoamericana Puebla, los denunciantes anunciaron que todos los testimonios de agresiones contra medios locales, así como los casos de intimidación y acoso, fueron documentados en un informe, el cual será entregado a organizaciones defensoras de la libertad de prensa a nivel estatal, nacional e internacional.
Ejemplo de ello, es que de 2011 a 2015, se registraron al menos 74 agresiones contra periodistas en Puebla, informó Sandra Patargo de Artículo 19.
Por ello, su organización, así como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Casa del Periodista, Programa de Derechos Humanos y la Red Puebla de Periodistas recibirán la carta firmada por al menos 40 comunicadores poblanos.
Hacen informe de abusos
El principal objetivo del documento, es que “el país entero sepa que este aspirante gubernamental ha utilizado los recursos públicos de manera opaca y discrecional para beneficiar a las empresas de comunicación que se someten a sus designios y contribuyen a sus aspiraciones presidenciales”.
En este sentido, el periodista Fermín Alejandro García Hernández, de La Jornada de Oriente, sostuvo que Moreno Valle ya tiene firmados varios convenios con medios de cobertura nacional a fin de lo posicionen de cara a las elecciones presidenciales de 2018.
Acusó que estos contratos por propaganda fueron pagados con recursos públicos, ya que, como en todo sus sexenio, el Ejecutivo local “presumió” sus obras y su imagen bajo el argumento de fomentar el turismo, aunque entre líneas, los spots sean mensajes propagandísticos.
En otro tema, se habló de los feminicidios durante la administración morenovallista y su negativa para emitir la Alerta de Género en la entidad, pues de 2013 a la fecha, ocurrieron 250 casos, aseguró Lourdes Pérez Oceguera, responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género en Puebla, del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría.
La especialista acusó que a casi un mes de vencer el plazo para que el gobierno local entregara el informe del cumplimiento de las 11 recomendaciones hechas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), se desconocen el estudio, los resultados y sobre todo, si se cumplió con la entrega.
No se entregó informe a Conavim
Lo anterior porque sostuvo que Comunicación Social del gobierno poblano informó que lo entregó el día que se comprometió a hacerlo, es decir, el 29 de diciembre, pero la Conavim le dio a conocer a Pérez Oceguera que hasta la fecha no ha recibido el documento.
Por ello, señaló que el problema sigue latente, pues en lo que va de este años suman ya siete asesinatos violentos contra mujeres.
“En Puebla 7 de cada 10 mujeres sufren o han sufrido violencia, pero además Puebla está dentro de los 10 estados con mayores casos”, afirmó.
Continuando en el rubro de seguridad, el director de Lado B, Ernesto Aroche Aguilar, apuntó que los delitos de alto impacto, como el secuestro y el robo con violencia se duplicaron en el sexenio de Moreno Valle.
Detalló que de acuerdo con el Semáforo Delictivo y a la consultora Lantia, en el año pasado, hasta el mes de octubre, 300 asesinatos en Puebla fueron calificados como ejecuciones, todas ellas atribuidas al crimen organizado, especialmente el dedicado al robo de combustible.
RMV garantiza opacidad
Por otro lado, en el tema de transparencia, Lilia Vélez Iglesias, directora del Departamento de Humanidades de la Ibero y excomisionada de la Comisión de Acceso a la Información Pública de Puebla (CAIP), aseguró que Moreno Valle busca “garantizar la opacidad antes que la transparencia”.
Argumentó que, a seis días de concluir administración, el mandatario deja “muchas dudas” sobre la asignación de recursos para obras públicas, así como la dedicada a Comunicación Social, ya que recibió varias denuncias por incurrir en campaña anticipada y violar leyes electorales al promover su imagen por todo el país.
Por su parte, Cuauhtémoc Cruz Isidoro, Eduardo Morales Sierra y Ana Rosa Zilli Colorado, activistas defensores de derechos humanos, insistieron en que el sexenio morenovallista concluirá con una lista “negra” de 302 activistas procesados.
Denunciaron que ambientalistas, comerciantes, opositores a sus obras y críticos de su gobierno fueron “reprimidos y encarcelados” mediante procesos judiciales “manipulados”, ya que todos se encuentran en prisión por delitos del fuero común o federal y no por su actividad social.
De ahí que –enfatizaron— el gobierno estatal no reconozca la existencia de presos políticos e incluso diga que es un “término inventado”.
