La BUAP se convirtió en la primera institución de México en recibir acreditaciones para cinco licenciaturas por parte del Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la Educación Superior de Latinoamérica (Cacsla).
Así lo destacó Roberto Santacruz Fernández, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS), en la inauguración del Congreso Nacional e Internacional “Derechos Humanos, Prevención del Delito, Seguridad Humana y Equidad de Género”.
Detalló que las carreras acreditadas, todas pertenecientes a la (FDCS), fueron Derecho, Consultoría Jurídica, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Sociología.
Jaime Meneses Guerra, director de Aseguramiento de la Calidad en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), señaló que la facultad seguirá las recomendaciones emanadas de este organismo, a fin de generar un plan de mejora continua para formar estudiantes competentes”.
Por su parte, al dirigirse a los alumnos de esta unidad académica, reunidos en el auditorio José María Morelos y Pavón, Eduardo Ávalos Lira, presidente de CACSLA, explicó que estas acreditaciones consideran aspectos como la calidad internacional de los programas educativos, la competencia de su profesorado y estudiantes, plan de estudios, formación integral, servicios institucionales, investigación, vinculación, infraestructura e impacto social.
Congreso de derechos humanos y prevención del delito
En tanto, el Congreso Nacional e Internacional “Derechos Humanos, Prevención del Delito, Seguridad Humana y Equidad de Género” se realiza del 29 al 30 de agosto, con la intervención de especialistas de Italia, España, Chile, Perú, Venezuela, Colombia y México.
Rafael Sánchez Vázquez, coordinador del Instituto de Investigación Jurídico Políticas de la FDCS y responsable del evento, indicó que se discutirán temas de frontera, como pobreza, migración, corrupción, transparencia, modelos y políticas económicas, neurociencias y el sistema penal acusatorio.
Este congreso forma parte de los trabajos de la Red Internacional de Procuración e Impartición de Justicia, conformada por cuerpos académicos de las universidades autónomas de Tamaulipas, Tlaxcala y Puebla, así como la Universidad Complutense de Madrid.