Uno de los errores más comunes es el considerar que un sinónimo para nombrar a un migrante es refugiado, sin embargo, ambos términos no significan lo mismo, pues la diferencia reside en las motivaciones que han tenido para abandonar sus hogares.
Según la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, uno de estos es una persona que: “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.
Para migrante no hay una definición estándar; la Organización Internacional para las Migraciones, en su glosario, asevera que el término: “abarca usualmente todos los casos en los que la decisión de migrar es tomada libremente por la persona concernida por ‘razones de conveniencia personal’ y sin intervención de factores externos que le obliguen a ello”.
En ambas descripciones se pueden identificar dos diferencias: el primero abandona su casa por temor a perder la vida, mientras que el segundo elige trasladarse para mejorar su propia condición de vida.
Una vez entendido esto, es importante decir que existen diferencias en los tratamientos que se le otorgan a cada población, mientras que los refugiados, o quienes se encuentran solicitando ese estatus, cuentan con garantías establecidas en el derecho internacional; un migrante se tendrá que atener a las leyes migratorias del país en el que se encuentre.
¿Qué no puede hacer un Estado?
Por ejemplo, los Estados que han dado el estatus de refugiado o que se encuentran analizando la documentación de quienes así lo solicitan no pueden expulsar a las personas ni regresarlas a sus países de origen si el conflicto sigue latente.
En contraste, un migrante puede ser expulsado del país al que ha viajado si no cumple con los requerimientos de esa ley.
Asimismo, los países están obligados a dotar a los refugiados de derechos económicos y sociales, en paridad con los extranjeros que ahí residen de forma legal. Con lo que se esperaría que los refugiados sean receptores de ayuda básica, educación y acceso a un empleo.
Lo anterior también depende del nivel de afluencia de los refugiados y la disposición del propio Estado, algunos, podrían restringirles la libertad de tránsito entre otros derechos.
Los Estados son los únicos que pueden dar el estatus de refugiado, de acuerdo con sus propios procedimientos y términos, por ejemplo, en el caso mexicano, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) se encarga de hacer este trámite.
“Determinación de grupo”
Sin embargo, es importante decir que en lugares como las fronteras europeas, ambos grupos se concentran en un mismo espacio, por lo que autoridades migratorias y organismos internacionales les atienden de acuerdo a su situación.
En tanto, hay personas que se movilizan y desconocen que las motivaciones que han tenido para hacer dicha acción; cumplen con los requisitos para ser refugiado, pero el desconocimiento provoca que no soliciten el estatuto y sean tratados como migrantes.
En la actualidad, hay una figura que se llama “determinación de grupo” que se refiere a que una persona no necesitaría tener que comprobar que necesita de protección, puesto que proviene de lugares que experimentan éxodos, limpiezas étnicas o guerra, con lo que recibe atención inmediata.
El ejemplo de ello, puede ser la población siria o los musulmanes rohingya.
Por su parte, los desplazados internos, son aquellas personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de la violencia, el hambre entre otros factores, pero que no han salido de la frontera de su país.
