El cobro de 100 pesos por alumno en escuelas públicas, propuesto por Agua de Puebla, para que los menores puedan tener “acceso al servicio de agua”, es una iniciativa inconstitucional, posiblemente derivada de un vacío legal en la Ley Estatal del Agua.
Así lo señaló el regidor Iván Galindo Castillejos, quien explicó que la “intentona” de dicha empresa –que posiblemente se deriva del artículo 108 de la Ley Estatal del Agua— se contrapone a la Constitución Mexicana y a la estatal, donde se señala el acceso al agua como un derecho humano.
En ese tenor, Galindo Castillejos indicó que dicho artículo señala que “sí se permite el cobro a bienes de dominio público, como lo son los planteles educativos públicos”, pero dicho aspecto se contrapone a la Carta Magna y a la Constitución estatal, donde se establece lo contrario.
Por ello, precisó que la petición de la empresa será puesta a consideración de los regidores, quienes, como Cabildo, generarían una iniciativa dirigida al Congreso del estado para solicitar la modificación de la Ley Estatal del Agua.
Con lo anterior, la iniciativa de la empresa quedaría sin sustento jurídico y por lo tanto no podría ser aprobada.
Cobro es un acto de deslealtad
Asimismo, el regidor priista expreso que “más allá de la inconsistencia jurídica, es un acto de deslealtad para los poblanos”.
Además, explicó que si Agua de Puebla pretende cobrar su servicio en las escuelas, no debe hacerlo en las públicas, sino que –a reserva de revisar las facultades jurídicas— podría hacerse en las privadas, pues se trata de modelos que sí lucran con la educación y por lo tanto deben “hacer el pago correspondiente de derechos”.
Cabe recordar que el pasado 28 de noviembre, Héctor Durán Díaz, director de Agua de Puebla, dijo que para el próximo año se podría actualizar las tarifas del servicio en 1 por ciento más caro, aunque dependerá de la inflación.