La Red Plural de Mujeres en Puebla acusó que la Fiscalía General del Estado (FGE) acosa a la regidora Ruth Rodríguez Huerta por haber denunciado de violencia de género al edil de Tecamachalco, Inés Saturnino López Ponce, de quien exigieron su destitución.
Tras la denuncia de la funcionaria, el alcalde panista la demandó por daño moral al argumentar que sus acusaciones son falsas, sin embargo, solo el juicio del presidente municipal ha sido atendido por la FGE, ya que el de la regidora perredista, no.
Por ello, la organización señaló que el órgano a cargo de Víctor Carrancá Bourguet actúa a favor del edil, pero además de eso, lo encubre, pues se niega a investigarlo.
En cambio, a Rodríguez Huerta ya le envió la notificación de la carpeta de investigación en su contra y el citatorio para que se presente a declarar, lo cual, expusieron las inconformes en rueda de prensa, refleja que la FGE opera por intereses políticos y de género.
Al tomar partido, queda claro que “la mano” del gobierno estatal se ha inmiscuido en el tema para proteger al munícipe, aseguró Socorro Quezada Tiempo, integrante de la red.
Aunque la regidora no estuvo presente, Marina Cortés Torres y Cecilia Monzón Pérez, otras activistas, denunciaron que las notificaciones de la fiscalía tienen el fin de intimidarla para que desista de su denuncia.
Se busca “tapar” la violencia política
Esto porque afirmaron que el propio López Ponce ha amenazado a la regidora para que cancele el recurso legal, pero ella se ha negado y, por el contrario, ha reforzado la batalla legal.
Las quejosas enfatizaron que se busca “tapar” el caso del alcalde de Tecamachalco porque como el de él hay muchos que “no le conviene” a la clase política que sean descubiertos y, mucho menos, castigados.
Quezada Tiempo destacó que el hecho ha tenido tanta relevancia que los gobiernos temen que más funcionarias se armen de valor para denunciar, pues las quejas contra López Ponce han llegado hasta la Fiscalía Especializada de Atención a los Delitos Electorales (Fepade).
Asimismo, aseveró que el exhibir el problema en el Congreso del estado, donde se exigió la destitución del edil, ha representado una amenaza para las autoridades de todos los niveles, pues señaló que las violencias de género y política existen en todos lados, pero las víctimas temen denunciar.
Por esa razón la Red Plural se sumó a la exigencia de remover del cargo al munícipe, así como que sea investigado por ambos tipos de violencia, al igual que todo su gabinete y el personal del ayuntamiento que “han sido cómplices” o se han sumado al acoso contra Rodríguez Huerta y dos regidoras más.
Apenas el 30 de noviembre, Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), indicó que aunque el gobierno de Puebla implementa acciones para erradicar la violencia de género, la FGE y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fallan.