El PRI, PRD, PVEM y Morena en el Congreso local pidieron destituir a Inés Saturnino López Ponce, edil de Tecamachalco, por presunta violencia política contra tres regidoras; también se pediría a la ASE que lo investigue por desvío de recursos.
Socorro Quezada Tiempo (PRD), Silvia Tanús Osorio (PRI), Geraldime González Cervantes (PVEM) y Julián Peña Hidalgo (Morena) fueron los diputados que en la sesión ordinaria del pleno pidieron que se inicie el juicio de revocación de mandato.
A través de un punto de acuerdo presentado en los asuntos generales de la sesión de este jueves, los diputados enlistaron las quejas contra el munícipe de extracción panista, mismas que consideraron suficientes para separarlo del cargo.
Quezada Tiempo fue la encargada de subir a tribuna para dar lectura al documento de cuatro páginas, en el cual denunció las agresiones de las que han sido víctimas una regidora del sol azteca y dos del PRI.
Los diputados exigieron la destitución del presidente municipal, ya que incluso su propio partido, el PAN, lo exhortó a conducirse con respeto, pero públicamente rechazó el lunes la petición en rueda de prensa en la ciudad de Puebla.
Pedirán que ASE lo investigue
Por tal motivo, el diputado perredista Ignacio Mier Bañuelos, representa del distrito de Tecamachalco, anunció que pedirá a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y a la Comisión Inspectora del Congreso local que investiguen si López Ponce no incurrió en desvío de recursos al acudir a la capital.
Refirió que, en primer lugar, la rueda de prensa fue en horario laboral (lunes en la mañana); en segundo, vino acompañado de todos los regidores afines a él, utilizó el vehículo oficial y, toda su comitiva desayunó en el hotel donde se reunió con los medios de comunicación.
En entrevista, Mier Bañuelos señaló que la rueda de prensa no fue parte de una actividad de gobierno, sino para tratar temas personales del alcalde, por lo cual tenía que viajar solo y costear el evento con su salario.
Además, dijo que utilizó al síndico municipal como su abogado personal, cuando el funcionario es defensa del ayuntamiento, no de López Ponce en su papel de panista.
El punto de acuerdo para iniciar la destitución fue turnado a la Comisión Inspectora para su análisis y, en su caso, aprobación, mientras que la petición de que el edil sea investigado será presentada en los próximos días, según lo prometió Mier Bañuelos.
Y es que, mientras que las quejas de las priistas se centraron en quejas por violencia verbal, las de la perredista pasaron al plano físico, psicológico y económico.
Amenazas a familia de regidora
Ruth Zárate Domínguez, del PRD, ha acusado que incluso ha recibido amenazas por parte de López Ponce, su personal cercano y hasta de policías municipales.
De igual forma, se leyó en el documento que su familia ha sido acosada, pues de las tres funcionarías, es la única que ha decidió proceder legalmente contra el alcalde.
Incluso, presentó una denuncia por violencia política ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), ya que el ayuntamiento le ha retenido salarios en represalia a sus denuncias.
Ruth Rodríguez Huerta y Jesica Camareno González solo han hecho sus quejas de manera pública mediante ruedas de prensa y redes sociales, motivo por el cual son excluidas de las sesiones de Cabildo.