La próxima semana se resolverá la queja que interpuso el exdirigente del PAN, Rafael Micalco Méndez, contra dicho instituto político por negar información financiera, luego de que el Tepjf turnara al Itaipue el expediente.
Así lo señaló, el comisionado Carlos Germán Loeschmann Moreno, quien está a cargo de resolver dicho recurso, mismo que fue recibido el pasado 1 de noviembre y que, agregó, aún está en análisis para poder emitir una postura al respecto.
Indicó que este es el primer expediente que llega por dicho tema, ya que aunque anteriormente hubo uno sobre protección de datos personales cuando el Comité Directivo Municipal (CDM) del Partido Acción Nacional (PAN) exhibió los nombres de ocho regidores y el nombre de las cuotas que adeudan.
El recurso que tramitó Micalco Méndez, en un principio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), fue porque acusó al partido de negarle información financiera respecto a cuánto dinero se ha distribuido a los comités municipales, pero se declaró incompetente por tratarse de un tema de información pública.
80% del presupuesto será para nómina
Por su parte, Gabriela Sierra Palacios, presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla (Itaipue), en entrevista recordó que para el 2018 ejercerán un presupuesto de 16.5 millones de pesos, 10 por ciento más respecto a lo de este año.
Sin embargo, en esta ocasión no manifestó inconformidad con dicho monto, como lo hizo hace dos semanas al señalar que debería ser de 50 millones de pesos, ya que acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el órgano poblano se coloca como “uno de los que menos presupuesto ejerce”.
En ese tenor, refirió que el 80 por ciento del presupuesto del próximo año será destinado para la nómina de los trabajadores, lo que corresponde a 13.2 millones de pesos, mientras que el resto es para gastos generales contemplados en el capítulo 2000 y 3000, como son agua, luz, teléfono, capacitación, difusión, material y papelería.
En otro tema, mencionó que el organismo a su cargo repartirá, en lo que resta del año, siete ejemplares de cada una de las leyes de Protección de Datos Personales y de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, traducidas en braille, para que las persones invidente puedan disponer de él.
Detalló que entre estos estará incluido el del Itaipue, mientras que los otros seis son para el Ejecutivo estatal, el Congreso local, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la Auditoria Superior del Estado (ASE) y los DIF estatal y municipal, para lo que se erogaron 14 mil pesos. En el caso de los ayuntamientos indicó que dependerá del análisis que tenga el organismo para ver si también se imprimen ejemplares para los 2017.
Se traducirían leyes a lengua indígena
Asimismo, dijo que se firmó un convenio con la universidad Intercultural de Huehuetla para hacer la traducción de dichas leyes a una lengua indígena, que podría ser Náhuatl, aunque esto podría tardar hasta un año, ya que se tiene que ciudadanizar porque tiene términos jurídicos que no se entenderían.
Finalmente, Sierra Palacios comentó que hasta el momento no han sido llamados por la Contraloría del estado para conformar el Observatorio Ciudadano que vigilará que los recursos que lleguen a Puebla, para la reconstrucción tras el sismo, se apliquen de manera correcta, y es que la dependencia creo dos grupos.
El primero con universitarios en el que participa la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), mientras que el segundo es el que está el Itaipue pero que aún no está trabajando.
