Hasta octubre de 2017, 10 mil 788 mujeres (5.2 por ciento de la población total) cumplen con una sanción privativa de la libertad, sector que es vulnerable a la violencia institucional, indicaron el Idhie y Documenta, que exigieron medidas integrales.
En pronunciamiento, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie) de la Ibero y Documenta recordaron que, desde hace 17 años, el 24 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Citó que, de acuerdo con datos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, las 10 mil 788 mujeres están en 198 centros mixtos y 16 femeniles del país, pero las condiciones de internamiento que viven revelan consecuencias de alta resonancia social.
Los tipos de violencia de las que son víctimas las mujeres han sido poco atendidos al interior de los Centros de Reclusión. La victimización previa, la violencia ejercida durante la detención y el internamiento demuestra, más allá de la doble discriminación, que mediante la legitimación de esas prácticas se ejerce una violencia institucional.
Por ello, ambas organizaciones exigieron a las autoridades de los tres poderes del Estado que aseguren que todas las mujeres privadas de su libertad conozcan sus derechos durante el cumplimiento de la sanción penal.
Que implementen mecanismo efectivos de observancia sobre los factores de reinserción social, a fin de asegurar los mínimos de bienestar y prevenir la reincidencia así como que diseñen medidas integrantes de prevención y eliminación de todas las formas de discriminación.
Por último, que en su posición especial de garante frente a las personas que se encuentran bajo su custodia, garanticen condiciones dignas para favorecer la reinserción social.
