De última hora, el Congreso local eliminó el apartado que daba posibilidad de que los gobiernos estatal o municipales puedan expropiar predios “de utilidad pública” por estar cerca de las ZEE, como se busca declarar al polígono Audi, con lo que se ratifica que sólo la Federación puede hacerlo.
Aunque la iniciativa para normar el establecimiento de estas áreas en la entidad contemplaba que el estado y los ayuntamientos podrían realizar enajenaciones para “detonar el desarrollo”, este miércoles se eliminó el artículo que daría dicha facultad.
En sesión ordinaria del pleno, por unanimidad se aprobó la Ley para el Establecimiento y Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales del Estado de Puebla, que fue promovida por el gobernador Antonio Gali Fayad como requisito para que las 460 hectáreas que comprenden la planta armadora de autos y la Ciudad Modelo reciban de parte de la SHCP la declaratoria de ZEE.
Sin embargo, de último momento fue eliminado el artículo 20, que señalaba que “el Ejecutivo estatal o el ayuntamiento del municipio dentro de cuya jurisdicción se encuentre comprendido el caso de utilidad pública, podrá llevar a cabo procedimientos de expropiación para la construcción, mantenimiento, ampliación y desarrollo de las zonas y de sus áreas de influencia”.
En el mismo detallaba que se entiende por causas de utilidad pública “la construcción, mantenimiento, ampliación y desarrollo de las zonas, así como la provisión de servicios asociados que sean necesarios para su operación”.
Se eliminó para evitar conflicto legal
El artículo fue suprimido la tarde del martes o la mañana de este miércoles, antes de la sesión, ya que la mañana del martes fue aprobada la iniciativa por la Comisión de Desarrollo Económico sin ninguna modificación.
Sin revelar en qué momento se quitó el artículo, el diputado Pablo Rodríguez Regordosa, presidente de la comisión, reconoció que se eliminó porque la ley federal de ZEE, en su artículo 30 señala que las expropiaciones solo las puede realizar la Federación (a través de la Sedatu) por lo que, si la ley estatal daba la facultad a los ayuntamientos y al gobierno del estado, habría conflictos legales.
No obstante, enfatizó que, aunque la iniciativa original contemplaba las expropiaciones “nunca hubo proyectos de ese tipo” y acusó a los medios de comunicación de “falsear” la información, pues señaló que “ya daban por hecho” que habría enajenaciones.
Del mismo modo, puntualizó que por ahora no hay proyectos de enajenación, porque la ley solo aplicará en caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) declare ZEE al polígono Audi, ubicado en los municipios de San José Chiapa, José Lara Grajales y Nopalucan.
En tanto, dijo que el resto de ley quedó igual, por lo que dar incentivos fiscales por ocho años a las empresas que inviertan en la zona, así como crear una ventanilla única para facilitar trámites oficiales, continúan.
Exigen a Agua de Puebla concluir obras
Por otro lado, en la sesión también se exhortó a Soapap a exigirle a la empresa concesiones integrales –propietaria de Agua de Puebla- que concluya a la brevedad posible las obras que inicie y coloque señalética adecuada para prevenir a los civiles, a fin de evitar más hechos como la muerte de un ciclista que cayó en una zanja abierta por la empresa sin señalizar.
En tanto, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Geraldine González Cervantes, pidió la intervención de la Secretaría General de Gobierno (SGG) en el conflicto que comerciantes del mercado “Benito Juárez” enfrentan con el ayuntamiento de Tehuacán, debido a cobros de piso excesivos.
Por su parte, el diputado sin partido pero en la bancada de morena, Julián Peña Hidalgo, exigió a la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (Sdrsot) que informe sobre la instalación y operación de la empresa recicladora de materiales peligrosos Ingeniería y Combustible Alterno, ubicada en Palmar de Bravo, pues denunció que, de acuerdo con pobladores, ha afectado zonas de cultivo porque arroja contaminantes al medio ambiente, poniendo en riesgo la salud de los consumidores de las hortalizas, de los campesinos que las trabajan, así como de al menos 10 mil familias que habitan cerca de la industria.