Un grupo de siete organizaciones civiles exigió al Congreso poblano modificar la convocatoria para conformar el Comité para prevenir y eliminar la discriminación del Poder Ejecutivo Estatal, pues acusó que sus requisitos violan los derechos de la ciudadanía.
A través de una carta dirigida dicha soberanía, los inconformes, agrupados en “La Mesa Interdisciplinaria de Derechos Humanos de Puebla”, que, ante todo, el documento viola la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla, pues se dirige de manera exclusiva a “entes legalmente constituidos”, como universidades o asociaciones civiles, lo que soslaya a colectivos y redes ciudadanas para participar.
El periodo de recepción de documentos –indicaron–, establecido originalmente del 13 al 26 de octubre, resulta “muy limitado” para difundir la convocatoria y prepara los documentos solicitados, pues algunos de estos, como la carta de antecedentes no penales, demoran en ser tramitados los mismos 10 días hábiles del plazo.
En este sentido, consideraron que, aun cuando el pasado 25 de octubre, el Congreso modificó la convocatoria para eliminar el requisito de título y cédula profesional en Derecho para los aspirantes, así como para aplazar 10 días la recepción de documentos, se sigue privilegiando a las personas con estudios en dicha materia, pues sólo ellas se benefician de la prórroga, ya que lo nuevos candidatos potenciales tienen los mismos “insuficientes” 10 días.
Criterios de selección, discriminatorios y excesivos
Sobre los puntos de la convocatoria que demanda que los aspiran “gocen de reputación y reconocido prestigio”, así como “no contar con antecedentes penales”, las organizaciones advierten que, el primero es “una cláusula subjetiva que depender de la visión estereotipada del candidato”, mientras que el segundo obvia los derechos reconocidos por Constitución federal y tratados internacionales a expresidiarios.
En lo referente a la presentación de documentos, denunciaron que el requerimiento de copias certificadas por notario público de todos los documentos que avalen el currículum vitae “genera un gasto excesivo” para los aspirantes.
Además, señalaron que no se establece un límite al número de candidatos que pueden presentar los entes legalmente constituidos, lo que daría lugar al acaparamiento de espacios por parte un mismo organismo o institución.
Por lo anterior demandaron que se la convocatoria se vuelva a redactar, de manera que se preste a una “lectura clara y ágil”, tomando en cuenta las modificaciones de requisitos y plazos sugeridos, además de que sea difundida en todos los medios de comunicación y traducida a lengua indígenas.
Las organización firmantes son el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, Mujer do Pará; Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos y Reproductivos (Odesyr), Agrupación por una Organización Comunitaria Integral (Acocil), El Taller, Colectivo Hablemos de Género y el Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”.