La aprobación de la Ley de Seguridad Interior normalizaría la intervención del Ejército en tareas propias de las policías, lo que amenazaría los derechos de víctimas y criminales; por ello, la seguridad pública debe quedar a cargo de instituciones civiles.
Así lo advirtieron activistas y expertos en derechos humanos este lunes, durante el “Foro informativo sobre la Ley de Seguridad Interior: Riesgos para la población civil ante la seguridad pública militarizada”, el cual fue realizado en la ciudad de Querétaro con el fin de discutir las debatir las implicaciones de la participación de las Fuerzas Armadas en las actividades de seguridad pública en todo país.
En este sentido, Ixchel Cisneros Soltero, directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), advirtió que el carácter de las dos iniciativas sobre dicha legislación que se han presentado en el Congreso de la Unión mantienen un “enfoque militar que conlleva el exterminio del oponente”, cuando “la labor policiaca debe de partir de un principio de proporcionalidad que garantice derechos tanto a personas afectadas por delitos como a quienes los cometen”.
Los peligros de militarización de la seguridad pública –indicó– se evidencian en el incremento de violaciones a derechos humanos, así como en los datos de instituciones académicas sobre cómo, en los operativos militares, las detenciones son casi nulas y los presuntos delincuentes normalmente mueren a manos de los militares.
Por 10 años, militarización ha sido decisión política
Al abrir el evento, Luis Tapia Olivares, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), enfatizó que la militarización que vive México fue una decisión política que se tomó sin considerar datos empíricos que permitieran evaluar los resultados obtenidos con esta estrategia.
Por su parte, Estela Hernández Jiménez, integrante del Movimiento de Resistencia Magisterial, destacó que la sociedad en general carece de información sobre la iniciativa de Ley de Seguridad Interior y afirmó que el uso de los cuerpos de seguridad para reprimir procesos sociales ha sido una práctica promovida por el Estado.
Para cerrar las intervenciones, Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), remarcó la necesidad de fortalecer el acceso a la justicia y la eficacia del sistema penitenciario como estrategia para combatir la inseguridad.
Asimismo, exhortó a las autoridades estatales a retomar la experiencia de la sociedad civil para buscar la restauración del tejido comunitario. Ello, insistió, reflejaría una verdadera voluntad política para que las instancias de seguridad pública funcionen, pues tras más de una década de militarización de estas instancias no se ha visto una mejoría real.
Cabe recordar que, este domingo, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados anunció que impulsará la discusión de una Ley de Seguridad Interior enfocada a combatir la inseguridad, así como la aprobación del Mando Mixto, para coordinar los trabajos de las policías estatales, municipales y federales.
