El secretario de Gobernación (Segob) federal, Miguel Ángel Osorio Chong, aseveró que no habrá impunidad contra los que estén implicados en el robo de combustible, sin importar si son funcionarios, directivos de Pemex o empresarios.
En su visita a Puebla, para la presentación del programa Ciudades Seguras para las Mujeres, Acciones contra la Violencia de Género, comentó que no sólo se está actuando contra los responsables de las tomas clandestinas a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) o trasladan el hidrocarburo, sino atacando desde la raíz el problema.
Refirió que es un “círculo vicioso” que involucra tanto al sector público como privado, por lo que se están haciendo acciones integrales desde el “más alto” nivel y pasando por todas las áreas de quienes pudiera estar participando.
“No estamos haciendo lo que se venía haciendo hace años, que solamente era atacar el lugar donde se robaba el combustible, sino que estamos viendo toda la cadena para poder parar de una vez por todas este delito”, reiteró en entrevista.
Rechaza pase automático de fiscal
En otro tema, Osorio Chong rechazó que el gobierno federal esté propiciando el pase automático del actual procurador General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, como fiscal general, pues es una discusión entre legisladores que sólo “están politizando”.
Aseveró que tiene más de seis meses que el presidente Enrique Peña Nieto mandó una iniciativa al Congreso de la Unión que habla de piso parejo, de que se lleve un proceso en el que haya consenso suficiente por parte de los senadores y diputados y no solo a un partido o al gobierno en turno.
En ese sentido, exhortó a los legisladores “ponerse a trabajar” para que se pueda resolver este tema de fondo y no a busquen “arrinconar” a la administración federal priista manifestando que es la que está promoviendo el pase automático de Andrade Cervantes.
Cabe mencionar que, ante este conflicto en el Congreso federal, el comité ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) propuso la designación de un “fiscal de transición“, en tanto, 300 organismos civiles pidieron reformar el artículo 102 constitucional, en el que se establecen las normas para designar al fiscal general.
