Ante el conflicto en el Congreso federal por el “pase automático” del titular de la PGR a la Fiscalía general, el comité ciudadano del SNA propuso la designación de un “fiscal de transición“, en tanto que 300 organismos civiles pidieron reformar el artículo 102 constitucional.
Lo anterior ocurrió este miércoles, luego de que el posible nombramiento del priista Raúl Cervantes Andrade, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), como cabeza de la nueva Fiscalía General de la República (FGR) para los próximos nueve años, provocó oposición en el Senado y el bloqueo, por parte del PAN y el PRD, de la instalación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
En una misiva enviada al presidente Enrique Peña Nieto y al Congreso de la Unión, los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) sostuvieron que una posible respuesta al problema sería nombrar a un titular interino de la FGR, en tanto los legisladores diseñan el perfil ideal del nuevo fiscal, tomando en cuenta a las organizaciones civiles.
El documento está firmado por la presidenta del CPC, Jacqueline Peschard, así como por Mariclaire Acosta, José Octavio López Presa, Luis Manuel Pérez de Acha y Alfonso Hernández Valdez.
Artículo 102 constitucional “debe reformarse”
Por su parte, los colectivos “Vamos por más” y “Fiscalía que sirva”, integrados por 300 organizaciones no gubernamentales, encabezadas por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), firmaron un proyecto de reforma del artículo 102 constitucional, donde se establecen las normas para designar al fiscal general.
De acuerdo con los signatarios, la designación de dicho funcionario se debe dar mediante un procedimiento público en el que participen el Ejecutivo federal y el Senado, acompañados por organizaciones de la sociedad civil.
En este sentido, calificaron como “insuficiente” la iniciativa de Peña Nieto, remitida a los senadores el pasado 26 de noviembre de 2016, que propone la eliminación del artículo decimosexto transitorio, que reformó el 102 constitucional en 2014 para introducir el “pase automático”.
Según el transitorio, “el Procurador General de la República que se encuentre en funciones (…) quedará designado (….) Fiscal General de la República por el tiempo (9 años) que establece el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución, sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la fracción IV de dicho artículo”.
Lo anterior, porque consideraron que la Constitución debe garantizar “la plena autonomía a la Fiscalía General de la República, así como independencia y eficacia”.
Cabe recordar que la falta de una Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, desde el pasado 1 de septiembre, impide el inicio del periodo ordinario de sesiones, lo que conlleva el retraso en la aprobación del Presupuesto Federal para 2018.
Fuentes: El Financiero, Contramuro