El Consejo Ciudadano de Participación de Cultura presentó a los regidores de la Comisión de Turismo, Arte y Cultura cinco recomendaciones generales sobre el PAU, en las que piden eliminar el proceso de audición, selección y otorgación de permiso.
Durante más de tres horas, consejeros y regidores, así como los representantes del Instituto Municipal de Arte y Cultura (Imacp) y del ayuntamiento de Puebla, permanecieron reunidos discutiendo diversas recomendaciones.
El Consejo exigió derogar los artículos 5, 17, 18, 19, 24, 30 y 33 de los “Lineamientos para el Programa de Artistas Urbanos (PAU)”, pues sostuvieron que, de acuerdo con la interpretación de abogados, contravienen la Constitución federal.
En el documento presentado a los regidores, argumentaron que el artículo 5 del PAU contradice el principio de generalidad de la ley, pues en él se establecen los lugares donde únicamente se permite el desarrollo de actividades artísticas urbanas del programa.
En tanto que los artículos 17, 18, 19 y 33 –en los que se detalla el proceso que realiza el Imacp de audición, selección y otorgación de permiso– violarían el artículo 6º constitucional, que pondera que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”.
Por lo anterior, solicitaron a los regidores dar a revisar dichos artículos a personas no implicadas en el programa para que confirmen si existen tales contradicciones y violaciones a la Constitución federal.
Debe incluirse la participación de los ciudadanos
Asimismo, señalaron que en la revisión del PAU debe incluirse la participación de los ciudadanos, de manera que intervengan “voces divergentes, convergentes y los diferentes usuarios del Centro Histórico: representantes de vecinos, empresarios, turistas, académicos, etcétera”.
Tras el análisis de los lineamientos de PAU, pidieron que, en concordancia con la Recomendación relativa a la condición del artista de la UNESCO (1980), se busquen alternativas y espacios para los artistas con el objetivo de que gocen de igual o mejores condiciones sociales y laborales que el resto de los ciudadanos.
Y es que aseveraron que el PAU “no brinda alternativas para que los afiliados al programa accedan a un trabajo formal con prestaciones y seguridad social”.
Al Imacp recomendaron publicar de manera permanente en su página web los criterios para la selección de artistas y la asignación de espacios públicos, así como los nombres de los miembros del comité que selecciona a los artistas, junto con sus credenciales y trayectoria probatoria.
Mientras que al ayuntamiento encomendaron generar políticas públicas culturales basadas en datos empíricos e investigaciones científicas.
“Toda normativa es perfectible”, regidor
Al respecto, el presidente de la Comisión de Turismo, Arte y Cultura, Miguel Méndez Gutiérrez, indicó que la normativa señala que pueden realizarse varias mesas de trabajo, como la de este viernes, para analizar el funcionamiento del PAU.
Reconoció que la puesta en marcha del programa que busca regular a artistas urbanos ha generado “dudas e interpretaciones”, por lo que las mesas de trabajo ayudan a dirimirlas, puesto que “toda normativa es perfectible”.
Cuestionado sobre los amparos colectivos interpuestos, evitó hacer comentarios, pues dijo que este tema no corresponde a su ámbito.
Señaló que cualquier artista puede sumarse al programa, que “tendrá reglas, pero también beneficios”, como capacitaciones y participación en carruseles culturales.
Informó que por el momento no se les está cobrando nada y existe una propuesta para que en la Ley de Ingresos 2018 su ingreso sea tasado en cero; además que van 50 representantes de artistas a los que se les ha dado un permiso.
Amparos no se van a retirar, advierten
En tanto, Jaime Carcaño Hernández, escritor e integrante del Consejo Ciudadano de Participación de Cultura, sostuvo que el arte urbano no puede ser declarado un “Acto Comercial” por intuición ni mayoría –como señala la norma–, pues “su naturaleza debe ser definida por un árbitro judicial”.
Declaró que las autoridades deben clarificar si se va a pagar o no por el permiso, pues “la norma no se ha modificado y el hecho de que ellos digan que no van a cobrar no asegura nada”.
Sobre las audiciones, precisó que pidieron que aclararan si éstas se realizaron como tal, sin embargo, les dijeron que no se trataban de “audiciones” como tal, pues aceptaron a todos los que acudieron a solicitar el permiso.
Aseguró que en la reunión, las autoridades municipales reconocieron varios errores y se comprometieron a trabajar en la normativa.
No obstante, aseveró que los tres amparos colectivos no se van a retirar, pues sostuvo que “los derechos humanos no son negociables”.
