La aprobación de la ley del sistema estatal anticorrupción de Puebla no fue transparente, señaló la organización Fundar, que calificó la legislación local con 26 por ciento, es decir que es “muy insatisfactoria”, pues, sobre todo, no aprovechó el uso de las tecnologías.
Este 18 de julio se cumplió el plazo para que los congresos aprueben las reformas necesarias para poner en marcha los sistemas locales anticorrupción, por lo que dicha organización, a través de la iniciativa “Parlamento abierto vs corrupción” evaluó los procesos de discusión de las leyes.
En dicha evaluación participaron 14 organizaciones de la sociedad civil, de la academia y el sector empresarial; en el caso de Puebla, fue Lilia Vélez Iglesias, académica de la universidad Ibero y presidenta en la entidad de “Nosotros”, quien señaló que en octubre de 2016 se aprobó, sin ningún tipo de participación ciudadana la reforma a la Constitución local.
La iniciativa de Rafael Moreno Valle, entonces gobernador, fue criticada por las modalidades de designaciones del fiscal anticorrupción y de los magistrados del Tribunal de Justicia Tributaria.
En un segundo momento, explicó, a petición expresa del Consorcio Universitario integrado por la Ibero Puebla, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm), la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), UMAD y la Udlap, así como la Coparmex, el Legislativo aceptó recibir opiniones sobre la legislación secundaria, pero no hubo convocatoria pública para que otras organizaciones opinaran.
Respecto a la designación de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana, se propusieron 19 candidatos, entre ellos a cuatro rectores, de los cuales fueron excluidos dos (Fernando Fernández Font, de la Ibero, y Emilio Baños Ardavín, de la Upaep) quienes se han caracterizado por ser críticos al gobierno local.
¿Qué aspectos se evaluaron?
Además, Vélez Iglesias, en el documento, recalcó que el proceso no ha sido transparente pues el Congreso local no ha hecho públicos los documentos fundamentales, entre ellos los expedientes y la evaluación de los participantes.
Adicionalmente, Fundar incluyó una tabla de cómo fueron evaluados los procesos de armonización de 13 estados, para lo que se tomaron en cuenta cuatro aspectos.
En transparencia y acceso a la información, Puebla obtuvo 27 por ciento (muy insatisfactorio); participación ciudadana con 43 por ciento (insatisfactorio); rendición de cuentas con 20 por ciento (no cumple) y uso de las tecnologías –para socializar debates y resultados de la puesta en marcha de sistema– con 14 por ciento (no cumple).
El resultado general de los otros estados son 55 por ciento de cumplimiento para Chihuahua, 54 para Quintana Roo, 48 por ciento para Sonora, 38 por ciento para Guerrero, 36 por ciento para Nuevo León, 36 por Coahuila, 30 por ciento para Sinaloa, 28 por ciento con Ciudad de México, Puebla, 22 por ciento para Querétaro, 15 por ciento para Morelos, 4 por ciento para Baja California Sur y 0 por ciento para Yucatán.
