El regidor del PRI, Iván Galindo Castillejos, estimó que tomaría hasta dos meses delinear el reglamento para regular las grúas en la ciudad, análisis en el que la Asociación de Antorcha Campesina pidió que se les toma en cuenta para dar su opinión.
En entrevista, Galindo Castillejos aseveró que la Sindicatura, la Secretaría de Movilidad, la dirección de Tránsito, la Secretaría de Administración y la Tesorería deben de “ponerse de acuerdo” para generar el marco jurídico y operativo de la norma.
Y es que, a pesar de que el cabildante presentó su iniciativa para regular el servicio de arrastre desde febrero, su análisis se ha postergado, pero evitó señalar por qué, aunque reconoció que la presión de las empresas afectadas, principalmente el Movimiento Antorchista, hicieron que el tema se evitara por el momento.
Los principales aspectos de su iniciativa contemplan homologar los precios de acuerdo con la Ley de Ingresos, así como lanzar una licitación pública nacional para que las firmas interesadas en ofrecer el servicio concursen por la concesión.
También pretende hacer obligatorio que las empresas eroguen una parte de sus ganancias a las arcas municipales, ya que esto no ocurre.
A la fecha, se desconoce cuándo comenzarán las mesas de trabajo, pero aseguró que pondrá nuevamente el tema sobre la mesa en la siguiente sesión ordinaria del Cabildo, el 14 de julio.
“Piso parejo”, pide antorcha
En tanto, Horacio Cerón Espinoza, líder de la Asociación de Grúas de Antorcha Campesina, reiteró que no están en contra de la regularización, sino que, afirmó, lo que solicitan es que los integren en la discusión.
Comentó que si el ayuntamiento pretende dar una solución, que sea para todo el sector y no que se beneficie a unos cuantos, en alusión a las otras dos empresas que también brindan el servicio en la capital.
Volvió a rechazar que exista un monopolio por parte de su organización, como lo manifestó el regidor priista.
Asimismo, dijo que cobran por cada servicio 950 pesos, lo que está autorizado; de dicho monto, dijo, se paga lo de los trabajadores, los impuestos al ayuntamiento y los gastos que tienen que hacer para mantenimiento de sus unidades.
No obstante, comentó que no todos los llamados que reciben para brindar un servicio que sea cobrado, pues –refirió– en ocasiones de 10 veces que salen por lo regular son cuatro los que se concretan, además de que implica “mucho tiempo”, pues hasta tardan 5 horas para todo el trámite que se hace, así como se les hace responsables del automóvil, por lo que si le pasa algo, se los cobran.
Sostuvo que cuando estaba la administración de Blanca Alcalá Ruíz sí se tenía un convenio con la Comuna por el que cada año recibían 15 millones de pesos, ya que todos los servicios se los pagaban, pero ahora que no tienen entre todos los socios invierten hasta en 25 millones en gastos de operación.
Reiteró que son 120 socios que agrupan a 200 grúas que brindan servicio principalmente en la capital, y otras zonas como el Periférico Ecológico y municipios de la zona metropolitana de Puebla.