La Red Nacional “Todos los derechos para Todos y Todas” exigió al gobierno de Puebla investigar “exhaustivamente” el asesinato de Meztli Sarabia Reyna, hija de “Simitrio”, líder de la UPVA “28 de octubre”; también, la CNPA-MN acusó un “crimen de Estado”.
Luego de que Sarabia Reyna fuera ultimada con dos disparos en el Mercado Hidalgo de la ciudad de Puebla, las 84 organizaciones que conforman la red denunciaron que la occisa había sido amenazada “en varias ocasiones” por defender los derechos de su padre, Rubén Sarabia Sánchez, alias “Simitrio”, quien actualmente se encuentra “injustamente” en prisión domiciliaria.
“La autoridades deben realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre esta ejecución en contra de Meztli Omixochitl Sarabia Reyna, hacer públicos los resultados de la investigación y llevar a los responsables ante la justicia”.
Señalaron que la administración estatal también tiene que proteger la integridad física y psicológica de los familiares de Sarabia Sánchez, así como garantizar la seguridad de los activistas de derechos humanos en la entidad, como lo indica la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos.
Persecución a la “28 de Octubre”
Sobre la labor de Sarabia Reyna, la Red TDT destacó sus denuncias por “la prisión injusta de dos de sus hermanos, Xihuel Sarabia Reyna y Atl Rubén Sarabia Reyna, ambos integrantes de la UPVA, así como su defensa de “los derechos humanos de los agremiados de esta organización”.
Refirieron que la organización ha acusado en los últimos años persecución política por parte del gobierno del estado de Puebla: “Nos han estado persiguiendo desde hace más de dos años, primero con la fabricación de presos políticos y ahora con este asesinato”.
Hay que recordar que el 4 de julio de 1989, “Simitrio” fue detenido en la Ciudad de México por elementos de la policía judicial de Puebla, durante el sexenio del exgobernador Mariano Piña Olaya, acusado de posesión de armas, drogas y asociación delictuosa.
Estuvo en la cárcel hasta el 5 de abril de 2001, es decir casi 12 años, de los cuales cinco estuvo en cárceles de máxima seguridad, como Puente Grande, en Jalisco y Almoloya, en el Estado de México.
Posteriormente, en diciembre de 2014, durante la administración del exmandatario de Rafael Moreno Valle, se le detiene nuevamente, mientras se encontraba en una reunión en las oficinas de la Secretaría de Gobernación municipal. Además, posteriormente, policías detuvieron a Xihuel y Alt Tonatiuh, hijos de Simitrio, así como a Fernando Alonso Rodríguez y José Muñoz Villegas, integrantes de la organización “28 de Octubre”.
Cabe señalar que, entre las organizaciones firmantes, se encuentran el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria de Universidad Iberoamericana de Puebla, y Católicas por el Derecho a Decidir.
Asimismo, están el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” y el Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”.
Por su parte, el Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE) , la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MNA), Cholula Viva y Digna y el Movimiento Alternativa Social responsabilizaron al gobierno de Antonio Gali Fayad por el crimen y demandaron que “cesen las agresiones contra militantes y dirigentes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”.