150 firmas de seguridad privada deberán aplicar exámenes de confianza. Foto: Especial
150 firmas de seguridad privada deberán aplicar exámenes de confianza. Foto: Especial

El Congreso de Puebla avaló la obligatoriedad para que las 150 empresas de seguridad privada que hay en el estado sometan a exámenes de control de confianza a sus elementos, los cuales representarían un gasto de 4 mil 435 pesos por cada uno.

Durante el inicio del segundo periodo de sesiones ordinarias del Legislativo, los diputados aprobaron la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Pública propuesta por la Comisión de Seguridad Pública, cuyos integrantes consideraron que contar con dicho examen debe ser un requisito fundamental para quienes brindan protección a particulares.

En entrevista, el presidente de dicha comisión, Mario Rincón González, precisó que las pruebas las deberán realizar en la Academia Ignacio Zaragoza cuyo Centro de Control de Confianza está en la disposición de evaluar al personal de las empresas privadas.

Indicó que las firmas que no cumplan con la nueva disposición serán sancionadas por la Secretaría de Seguridad de Pública (SSP) y el Consejo de Seguridad Pública, instancia que fijará las multas.

Piden a municipios reforzar seguridad

“Hay un padrón que se actualizó de 150 empresas; el examen no estaba entre los requisitos fundamentales, por eso no podemos dejar que gente que cuida escuelas o fraccionamiento no cuente con las pruebas de control de confianza para realizar la tarea”, acotó.

No obstante, en Puebla, 3 de cada 5 elementos policiacos, estatales y municipales no aprueban los exámenes de control de confianza, por lo que las autoridades se ven obligadas a darlos de baja.

Por otra parte, Rincón González señaló que avalaron emitir un exhorto a los 217 municipios para que refuercen la seguridad en sus comunidades, sobre todo para revisar los casos de predios y viviendas abandonados para descartar que estos sean utilizados como refugio de delincuentes.

Aseguró que visitará demarcaciones para exigir a las corporaciones lleven a cabo dichas inspecciones, para que en la próxima sesión de la comisión que preside pueda contar con un reporte sobre las acciones que se realizaron y evitar que el exhorto “quede en letra muerta”.