Comité entrega firmas por liberación de presos políticos; son bloqueados. Foto: Ángulo 7
Comité entrega firmas por liberación de presos políticos; son bloqueados. Foto: Ángulo 7

Este martes, el Comité de Presos Políticos entregó las 16 mil 290 firmas al gobierno estatal en exigencia a la liberación de los 306 activistas procesados y perseguidos, de los que 301 fueron en la gestión de Rafael Moreno Valle y cinco en la actual.

Alrededor de la 1 y media de la tarde, los integrantes de dicho comité, así como familiares de los distintos presos, principalmente de la organización “28 de Octubre”, acudieron al Centro Integral de Servicios (CIS), con lonas y pancartas para entregar las rubricas en dicho inmueble.

En un principio fueron bloqueados por los elementos de seguridad que resguardan la entrada principal del edificio Ejecutivo, posteriormente, un funcionario del área de Oficialía de Partes salió para atender a los inconformes, por lo que se les permitió el acceso.

En el uso de la voz, Carolina González Barranco, presidenta del Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla, exigió la inmediata liberación de todos los presos y procesados políticos existentes en el estado y, el cese de la persecución política y cancelación de las órdenes de aprehensión contra defensores de derechos humanos.

“Señor gobernador, le heredaron un estado lleno de problemáticas; de usted dependerá contribuir a que éstas permanezcan o se magnifiquen; o, como esperamos todos, que realmente demuestre a través de acciones contundentes que posee otra forma distinta de hacer política; una política de diálogo, consenso y respeto por la disidencia y la legalidad”, pronunció.

Indicó que el exmandatario estatal se caracterizó por su particular ejercicio político del poder que, bajo la máscara discursiva de la “aplicación de la ley y el estado de derecho”, sirvió para desarrollar un gobierno que encontró sostén en la “represión y persecución” de las voces disidentes a través de diversas formas: amenazas, fabricación de averiguaciones previas que derivaron en órdenes de aprehensión y el encarcelamiento.

366 perseguidos, la mayoría con RMV

Asimismo, hizo hincapié en que estas acciones se hicieron por la falta de contrapesos políticos en el estado pues, de facto, desapareció la división de poderes por la “actitud servil” que las instituciones jugaron a su favor.

En ese sentido, González Barranco refirió que en total se tienen 366 procesos o perseguidos políticos en el estado, que se desglosan en 53 heredados del sexenio de Mario Marín Torres de Huaxcaleca, Chichiquila y San Andrés Azumiatla.

Cinco considerados presos políticos: Israel Pacheco Velázquez, Atl Tonatihu Rubén Sarabia Reyna, Luis Fernando Alonso Rodríguez, Xihuel Sarabia Reyna y José Muñoz Villegas, un condenado político, Jairo Javier Montes Bautista.

Dos personas en régimen de prisión domiciliaria, Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio” y Francisco Eduardo Castillo Montemayor; dos que demostraron la falsedad de los cargos, Enedina Rosas Vélez y Néstor Espinoza López y uno más que murió en condición de preso, Delfino Flores Melga.

Así como 144 personas con procesos abiertos y 154 con órdenes de aprehensión o perseguidas entre ellos los alcaldes de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, y de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, y el exedil panista Eduardo Rivera Pérez, todos estos en el sexenio del exgobernador Rafael Moreno Valle.

Mientras que en lo que va de la actual administración contemplan a cinco personas: Ana Teresa Aranda Orozco, Juan Francisco Menéndez Priante, Francisco Javier Torres Sánchez, José Felipe Puelles Espina y Pedro Barojas de Rosas.

En 8 días, deberá haber respuesta

Puntualizó que el gobierno del estado tendrá ocho días hábiles para dar una respuesta sobre esta petición, además de que también presentarán las firmas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas.

Por otra parte, González Barranco criticó a los diferentes personajes que han manifestado una postura contraria, como a Javier Lozano Alarcón, Jefe de la Oficina del gobernador, quien aseveró que no hay “presos políticos”, por lo que mencionó que con esos comentarios sólo está respaldando un gobierno que fue autoritario y violatorio de derechos humanos.

“Cuando los funcionarios dicen que los presos políticos no existen en Puebla, como sociedad nos preguntamos, ¿Cómo se le llama entonces a la fabricación de delitos? ¿Qué nombre recibe la manipulación de la ley a través de las instituciones? ¿Las violaciones al debido proceso seguirán siendo recurrentes durante su gobierno?”.

En tanto, Tonatiuh Sarabia Amador, de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, consideró que un funcionario de gobierno “nunca va a reconocer” la existencia de estas personas, ya que sus detenciones sólo mostraron un ejercicio desmedido y arbitrario del poder.

En ese sentido, comentó que como agrupación han demostrado que existen “presos políticos”, pero si el gobierno lo hace, estarían aceptando que fabricaron los delitos para mantener en la cárcel a quienes han mostrado una postura contraria a la política de las autoridades.

Mientras que Francisco Castillo Cooper, hijo del exsecretario de Medio Ambiente, Francisco Castillo Montemayor, criticó a Lozano Alarcón al decir que viene de un personaje que en su ámbito político siempre ha sido polémico.

“Basta con visitar las cárceles o adentrarse a las familias de los presos, para ver las irregularidades que están haciendo, reconocerlo es como aceptar que están equivocados y haciendo las cosas”, expresó.

Comunicólogo por formación y reportero de profesión en Angulo 7 Noticias desde octubre de 2014. Poblano de Libres radicando en la capital, persona sería y en ocasiones divertida, amante del fútbol...