La senadora del PAN por Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández, consideró que el PAN en Puebla aplica “justicia selectiva”, al buscar la expulsión de quienes apoyaron a Ana Teresa Aranda Orozco, pero no sanciona a Rafael Moreno Valle quien operó a favor del PRI en 2012.
En entrevista, evidenció la incongruencia del Comité Directivo Estatal (CDE) del blanquiazul poblano al iniciar procedimientos sancionadores contra 73 militantes “de a pie” que apoyaron a la excandidata independiente, pero que no sancionan a quienes operaron, en 2012, para otros candidatos que no eran panistas, dan un mensaje de “hazlo fuera de tu casa pero en tu casa sí ten cuidado”.
“Lo incongruente sería expulsar a quienes pudieron haber apoyado a un candidato y no se hayan iniciado procedimientos en 2012 cuando se apoyó a otro candidato o cuando se ha visto el respaldo a otros candidatos que no son panistas”, señaló Dávila Fernández, quien fue víctima de la operación política de Moreno Valle a favor de Lorena Cuéllar Cisneros, excandidata del PRD en 2016 cuando ambas compitieron por la gubernatura de Tlaxcala.
Refirió que los estatutos del PAN señalan que cuando se apoya a un candidato que no es el del partido, se debe iniciar el proceso de expulsión, sin embargo, los indiciados tienen la oportunidad de defenderse.
Cuestionada sobre si se debería sancionar a Moreno Valle, indicó que todo militante que apoye a otro candidato que no sea del partido debe ser juzgado y agregó que la sanción debe “ser pareja” para quien haya violado una regla estatutaria.
Cabe mencionar que, con anterioridad, Fernando Manzanilla Prieto, quien fue titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), también acusó la operación política de Moreno Valle en favor del entonces candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto; además, el exdirigente del PAN, Rafael Micalco Méndez, denunció que el morenovallismo se encuentra apoyando al candidato del tricolor para la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza.
“Curioso”, el caso de Eduardo Rivera
La integrante de la Comisión Permanente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN reveló que solicitó por escrito que se le dé derecho de audiencia al exalcalde Eduardo Rivera Pérez, en dicho órgano partidista para que explique “qué es exactamente lo que sucedió en Puebla” en torno al inicio de procedimiento administrativo en su contra por su cuenta pública 2013.
Y es que, consideró que si bien se debe sancionar los actos de corrupción de quien sea, no se puede castigar a alguien por consigna ni, mucho menos, utilizar mecanismos para fincarle responsabilidades.
Destacó que su petición obedece a que dicho proceso “curiosamente” se hace previó a un proceso electoral donde la intención quizá sea quitar de “en medio” a Rivera Pérez, quien se perfila como un posible aspirante a la gubernatura de Puebla.
Además, indicó que la revisión de su cuenta pública en la que se detectaron supuestas irregularidades por más de 411 millones de pesos se realizó 3 años después de haber concluido su gestión como presidente municipal de Puebla, “su supone que cada año se revisan las cuentas públicas, lo extraño es que haga tres años después”.
Temas electorales impiden agendas políticas
Durante el debate “Agenda Política de los partidos. Elecciones 2017-2018” organizado por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), la senadora panista manifestó su rechazó a las alianzas partidistas, pues consideró que las coaliciones han roto la identidad de los partidos.
Señaló que, por cuestiones electorales, las propuestas de distintos partidos en el Senado como en la Cámara de Diputados no han avanzado, “porque no discutimos los contenidos”.
Enfatizó que distintas leyes se encuentran detenidas porque en entidades y a nivel federal, legisladores no han sido capaces de hacer a un lado las elecciones para dar un paso en las agendas políticas que beneficiarían a la población.