El grupo #SeguridadSinGuerra criticó la iniciativa de ley de Seguridad Interior al señalar que faculta al presidente para utilizar al Ejército de forma discrecional, incluso contra la sociedad civil, “representando un paso peligroso hacia un régimen militar”.
A través de una campaña denominada “Detengamos la militarización, formemos policías”, afirmó que esta ley, si se aprueba, da un cheque en blanco a las Fuerzas Armadas en las calles, quienes, además, a través del titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, ya señalaron que no fueron creados para combatir a la delincuencia.
En un video, explica que, desde hace 10 años, cuando el Ejército salió de sus cuarteles para combatir a la delincuencia –con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa–, la seguridad del país se ha deteriorado debido a que dicha institución no tiene ese fin, además de que más de 166 mil mexicanos han muerto y los grupos de delincuencia organizada han crecido de ocho a 200.
Además, de que se han documentado violaciones a los derechos humanos por parte de grupos de soldados, como el de Tlataya, que si bien han tratado de ser castigados por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), si se da un cheque en blanco, lo que se ha avanzado se retrocederá.
Se triplica la violencia
“Desde que Felipe Calderón inició la guerra contra las drogas, la violencia se triplicó, en 2006, teníamos ocho homicidios por cada 100 mil habitantes, pero dos años después, pasó a 24 por el mismo número de habitantes”.
Agregó que en México por cada persona que muere por el uso de drogas, 12 lo hacen por la guerra contra el narco, “no nos están matando las drogas, nos están matando las balas”.
“No se han investigado miles de homicidios, por lo que no se sabe si eran delincuentes o personas que iban pasando por ahí”.
Asimismo, reportó que los militares utilizan la tortura de forma frecuente debido a que tiene la exigencia de detener a integrantes del crimen organizado, lo cual viola los derechos humanos.
Capacitación a policías estatales y municipales
#SeguridadSinGuerra, al igual que la CNDH, exigió que se dé un plazo para que se capaciten a los policías estatales y municipales, que hasta la fecha no se ha hecho por falta de voluntad política y corrupción, y se regresen definitivamente los militares a los cuarteles.
En este video se reitera que no se debe aprobar la iniciativa actual de Seguridad Interior, porque se autoriza a las Fuerzas Armadas a establecer bases de operaciones y realizar patrullajes, además de “las acciones necesarias” para garantizar la seguridad pública, “es decir no hay controles a lo que autoriza esta norma”.
Criticó que también el artículo 28 de esta iniciativa permite a las autoridades utilizar cualquier método de recolección de información, lo cual –reiteró- viola los derechos humanos.
Además, “toda la información generada por esta ley se considera de seguridad nacional y queda reservada y ni siquiera el Congreso puede pedirla (…) el presidente puede activar esta ley sin necesitar la aprobación del Congreso, ni siquiera se exige que se precise los objetivos a perseguir, como atrapar a algún narcotraficante y puede alargar y alargar la presencia de los militares en las calles, incluso contra la protesta pacífica”.
Falta voluntad política
Sin embargo, no ha existido voluntad política a nivel federal ni estatal, pese a que policías han demandado esa capacitación policial y que se les respete sus derechos humanos.
En tanto, los senadores panistas convocaron a un debate sobre la ley de seguridad interior, donde el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García de Vaca, reconoció que ha habido excesos en la estrategia para atacar la inseguridad, por lo que apeló a “implementar una estrategia integral e integradora que responsabilice a los tres órdenes de gobierno”.
Por ello, pidió revisar la actual propuesta de la ley de Seguridad Interior, así como dijo que los policías deben medirse con la confianza ciudadana, pues “el actual modelo ha fracasado”. Por su parte, los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, indicaron que en este momento las Fuerzas Armadas no se pueden retirar de sus entidades por la fragilidad que existe en el tema de la seguridad pública.
Además, los senadores panistas Roberto Gil Zuarth y Marko Cortés Mendoza pidieron a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU una opinión sobre dicha iniciativa.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha insistido a los gobernadores que se responsabilicen de la seguridad de sus estados y que debe haber un plazo, pero a quien no vaya trabajando en ello en el respecto y capacitación “real” de sus policías, se le debe sancionar.
Cabe mencionar que Cienfuegos Zepeda ha reconocido algunos errores que se han cometido cuando el Ejército ingresó a la llamada “guerra contra el narcotráfico”, entre ellos “apartar a las policías y quedarse con una responsabilidad que no les toca”. También, ha señalado no sentirse a gusto con las funciones que dicha institución desempeña en las calles porque “no nos preparamos para hacer funciones de policía, además de que la violencia del país no se puede resolver a balazos”.
