El diputado local, Ignacio Mier Bañuelos, pidió investigar a ediles del Triángulo Rojo y acusó “omisiones” del alcalde Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde; en tanto, la delegación de la Segob en Puebla admitió que los munícipes se han visto rebasados.
En entrevista, el legislador local por Tecamachalco aseveró que su petición de investigar a los seis ediles de Acajete, Tepeaca, Tecamachalco, Acatzingo, Palmar de Bravo y Quecholac es para descartar vínculos con el crimen.
Indicó que también ha señalado a ediles “omisos”, como Morales Ugalde, pero “no se ha hecho nada espero que ahora sí se actúe en consecuencia y si existe alguna colusión entre la autoridad municipal con los grupos criminales se le sancione como al presidente de Atzitzintla“.
Incluso, el perredista comentó que en el municipio se construyen casas sobre los ductos, además de que hay delitos de alto impacto como tráfico de drogas.
Respecto al municipio de Quecholac, comentó que la problemática es el aumento de tomas clandestinas y grupos delictivos; no obstante, la demarcación es custodiada por elementos de la Marina y de la gendarmería, por lo que el problema no es de la autoridad.
Refirió el caso de los menores que son utilizados como “halcones”, práctica que –aseguró—había denunciado desde hace un año y medio aproximadamente.
Asimismo, durante la sesión ordinaria del Congreso de Puebla, el presidente de la Comisión de Seguridad, Mario Rincón González, presentó un acuerdo por el que solicitan a las cámaras del Congreso de la Unión agravar las penas por delitos con el robo de hidrocarburo, para impulsar la propuesta del diputado federal, Eukid Castañón Herrera, que ya presentó en ese sentido.
Investigar, pero no “al azar”
Por su parte, la delegada de la Secretaría de Gobernación (Segom) federal, Ana Isabel Allende Cano, aceptó que los alcaldes han sido rebasados y que algunos pobladores de la zona se han incorporado a bandas delictivas, incluyendo a los llamados “halcones”.
Se sumó al diputado local, al pedir también que se investigue, pero no “al azar”, sino sólo si hay nexos con los llamados “huachicoleros”.
Descartó que las indagatorias contra ediles sean por un tema político, así como refirió que no hay denuncias formales de ediles que hayan acusado que son amenazados por los ladrones de combustible.
“Para que la PGR investigue, tiene que haber denuncia o la detención de alguna persona involucrada que implique a cualquier otra, independientemente si ocupa puesto público”.
Allende Cano fue entrevistada luego del acuerdo de coordinación, “A 10 Años de Estancias Infantiles: Por una Educación Preescolar Universal”, que firmaron el gobernador Antonio Gali Fayad y el secretario de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Enrique Miranda Nava.
Cabe mencionar que el presidente municipal de Tochtepec, Marcos Pérez Calderón, acusó amenazas de los “huachicoleros”, pues, a finales del año pasado, aseveró que le pidieron que no realizara operativos de seguridad o si no, su vida correría peligro.