El Barzón Poblano acusó que el poder Judicial federal esta “alargando” la resolución de los amparos interpuestos contra el IEPS por el aumento de la gasolina, pues ordenó que todos los juicios se concentren en la Ciudad de México.
Así lo señalaron, en rueda de prensa, Gerardo López Ramírez y Alejandro Carvajal Hidalgo, quienes mencionaron que es una estrategia para evitar que los juzgados distritales emitan sentencias contradictorias entre ellos y pueda generar un tipo de jurisprudencia.
Explicaron que, con fecha del 27 de febrero, el Consejo de la Judicatura federal, a través del expediente 2/2017 informó a todos los jueces que llevaban amparos que tienen como acto reclamado el aumento al Impuesto Especial de Productos y Servicios (IEPS) sean remitidos a los juzgados primero y segundo auxiliar regional en la capital del país.
Y es que consideraron que “es más fácil platicar con un juez y convencerlo, que con 50 o 100 que estén resolviendo los amparos; con este tipo de jugadas se demuestra que entre los poderes no hay independencia que una república democrática exige”.
Comentaron que de Puebla son 16 amparos colectivos de 30 personas cada uno que se interpusieron entre el 2 y 20 de enero, sin embargo, debido a estas acciones no se ha tenido avance y al trasladar los juicios a la Ciudad de México, provoca mayores gastos.
Liberación de precios viola artículo 25
López Ramírez detalló que el acto reclamado se basa en que el IEPS es excesivo porque viola la Constitución Mexicana, ya que establece que los impuestos deben ser proporcionales a los ingresos de los gobernados, por lo que cobrar casi el 50 por ciento en el precio de la gasolina es violatorio.
Indicó que el IEPS aumenta año con año, no obstante, para este 2017 el incremento que tuvo es “desproporcionado” afectando la economía de las personas, porque al encarecerse los combustibles, varios productos también suben de precio.
Asimismo, aseveró que la liberación de los precios de la gasolina viola el artículo 25 constitucional donde establece que el Estado es el que debe encargarse de regular los precios mínimos y máximos de los productos y servicios que tengan que ver con el desarrollo del país.
“Aparte de alargar el juicio están concentrando todos los amparos en un mismo juzgado, lo que pretende es definir de un solo plumazo la sentencia de todos los inconformes”, reiteró.
