La ASA presentó seis amparos por costos excesivos y cortes “injustos” de la empresa Agua de Puebla; también, anunció que van 130 mil firmas de las 250 mil requeridas por el Congreso federal para que revise dicha ley estatal.
En un mitin frente a los juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación, los inconformes de la Asamblea Social del Agua (ASA) acusaron que los recursos son testimonio de los efectos de la “privatización” del servicio.
Lo anterior porque denunciaron que, en los últimos meses, Concesiones Integrales –propietaria de Agua de Puebla– canceló el servicio a pobladores de las colonias San Pedro, Villa Universidad, La Libertad, La Paz y Fraccionamiento Los Héroes de manera “arbitraria”, ya que la compañía asegura que tienen adeudos que ellos no reconocen.
Por ello, desde la protesta, exigieron al Congreso local que revoque la concesión –aprobada en septiembre de 2013- y garantice el derecho al vital líquido en el estado.
Cobros hasta de 30 mp
Es así que la mañana de este lunes fueron presentados los oficios ante el juez de distrito, quien los aceptó y emitirá un dictamen en los próximos días.
En entrevista, José Luis García Bello, dirigente de la ASA, refirió que estos son los primeros amparos presentados en lo que va del año, los cuales se suman a los 46 que se interpusieron en 2016 también por cobros excesivos y suspensiones “ilegales” del servicio.
Y es que denunció que la empresa envía a sus empleados a las casas para que sin orden judicial “obstruyan las tuberías”, corten el servicio, cambien medidores o simplemente los “alteren”, con el fin de justificar los cobros.
Incluso, acusó que vecinos de varias colonias han reportado recibos de hasta 30 mil pesos, otros e 20 mil y unos más de 15 mil, lo cual –enfatizo- “a todas luces es injusto, ilegal y excesivo”.
130 mil firmas contra Ley Estatal del Agua
Por lo anterior, García Bello dijo que se interpusieron estos recursos a fin de que la justicia federal los exonere de pagar los recibos, como ya ha pasado anteriormente, pues hasta ahora han ganado todos los amparos.
Asimismo, recordó que van cinco controversias constitucionales contra la Ley Estatal de Aguas, los cuales aún no son dictaminados por la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN).
Explicó que esta ley, en la que se aprobó que un particular administrara el servicio, es inconstitucional, pues la carta magna señala que, como el líquido es un derecho, el Estado tiene la obligación de garantizar el abasto, pero no mediante un privado.
Recalcó que a la fecha suman más de 130 mil firmas, de las 250 mil que se necesitan, para que el Congreso de la Unión revise a ley, pues si la SCJN desecha las controversias, aún quedará la opción de que los legisladores puedan analizar si se revoca la concesión.
