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Aumentan conflictos sociales por “proyectos de muerte” en Puebla: activista

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Aumentan conflictos sociales por “proyectos de muerte” en Puebla: activista. Foto: Especial

En el sexenio pasado aumentaron los conflictos sociales por los llamados “proyectos de muerte” en Puebla, principalmente en las sierras Norte y Negra; habría unos 400, incluyendo los proyectos de pozos de fracking y de minería a cielo abierto.

Así lo señaló el ambientalista Gerardo Pérez Muñoz, quien lamentó que en México se priorice el modelo extractivista, en perjuicio del medio ambiente y los pobladores de las zonas que tienen mayor biodiversidad, por lo que urgió a las autoridades y legisladores a revertirlo.

Precisó que en el país hay 46 mil permisos para la explotación o exploración minera por parte de la Secretaría de Economía, de los cuales 26 mil están vigentes, lo cual significa “casi la mitad del territorio mexicano”.

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El activista dijo que se establece como prioritaria la explotación minera y ello es aprovechado por las empresas extranjeras que van por las actividades más rentables, que es el fracking y la minería a cielo abierto, pero que, a su vez, tienen las mayores consecuencias ambientales y sociales.

Explicó que se llaman “proyectos de muerte” porque se basan en “extraer” recursos naturales, generando daños “irreversibles” en la biodiversidad, además de que “rompen” la identidad de los pobladores, coartando su creatividad y posibilidades de desarrollo social.

“Las autoridades aseguran que esos proyectos traerán progreso, pero es falso, ningún país se puede desarrollar a largo plazo solo con actividades extractivas que empobrecen al suelo, medio ambiente y a los seres humanos”.

233 pozos de fracking

Indicó que se tienen contabilizados 233 pozos de fracking o fracturación hidráulica para la extracción de gas de lutitas o shale en el estado, para lo cual se fractura la roca y se utilizan 30 millones de litros de agua.

Los principales conflictos socioambientales están en los municipios de Pantepec, Tlacuilotepec, Olintla, Pahuatlán, Teziutlán, Tepatlán, Xicotepec, Huauchinango, Francisco Zeta Mena, Venustiano Carranza, Zacatlán, Ahuazotepec, Ixcamaxtitlán, Zacapoaxtla, Zautla, Tetela de Ocampo, Tlatlauquitepec y Huehuetlán El Grande.

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En entrevista con Ángulo 7, dijo que en el estado hay unos 20 proyectos de minería a cielo, que requiere explotar el suelo y usa cianuro, el cual es muy contaminante, pues 100 gramos envenenan a 30 mil seres vivos.

Reveló que el 70 por ciento de las empresas mineras que están en México son canadienses, donde tienen acciones los presidentes de Canadá y Estados Unidos, Justin Trudeau y Donald Trump, respectivamente; “vienen a hacer a México lo que no se les permite en sus países”.

Acusa a Transcanadá

Pérez Muñoz refirió que la empresa Transcanadá busca construir el gasoducto Tuxpan-Tula sin consultar a los pobladores de Pahuatlán, pues hizo “una consulta a modo con la complicidad de los tres órdenes de gobierno”, además, dijo –de acuerdo a lo denunciado por los pobladores— dicha empresa ha contratado «pistoleros» a sueldo para intimidarlos, así como dicho proyecto dañará los mantos freáticos y el bosque mesófilo de montaña, porque busca “abrir un cerro”.

La semana pasada personal del Alto Comisionado de la ONU se reunió con pobladores de Pahuatlán y Tlacuilotepec para escuchar las quejas de los pobladores, en el marco del convenio que tiene con las autoridades mexicanas para lograr un equilibrio entre su ejercicio de poder y el respeto al derecho de los pueblos. Actualmente, este proyecto fue parado por los habitantes.

Agregó que otros casos son el gasoducto Tuxpan-Atotonilco y la instalación de varias hidroeléctricas, donde –afirmó– algunas de ellas, pretenden dirigir el cauce de ríos, así como generan desplazamientos e insistió que las consultas que hace la Semarnat en las comunidades son “simulación”.

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Pérez Muñoz urgió a los legisladores a modificar el artículo 2 de la Constitución federal para garantizar el derecho “libre e informado” de los indígenas sobre su territorio.

Dijo que las principales empresas mineras que operan en la entidad poblana son: Almaden Minerals, Linear Gold Corp, Grupo Ferrominero, Minera Autlán, Minera Sumex y Exploraciones Mineras Parreña, entre otras.

En 2015, la Minera Frisco, propiedad de Carlos Slim Helú, canceló su proyecto de una mina a cielo abierto en Tetela de Ocampo debido a la movilización de la comunidad. En tanto, se ha acusado que la empresa china JDC Minerals busca reactivar la mina La Lupe en el municipio de Zautla, aunque se ha topado con negativas tanto de la Semarnat como de los pobladores de la región.

Contra privatización del agua

El activista dijo que otro tema delicado en Puebla es la privatización del agua en los 25 municipios metropolitanos que se instituyó con la Ley Estatal del Agua –aprobada en 2013–. Precisó que el nuevo párrafo sexto del artículo 12 de la Constitución de Puebla se quedó “trunco”, porque no hubo una homologación completa con la federal, aunque dicha reforma no es la que privatiza el líquido, sino la ley secundaria.

Agregó que se debe garantizar la participación ciudadana en el servicio del agua potable, así como respetar los usos y costumbres de las localidades donde hay comités ciudadanos de agua.

El ayuntamiento panista de Cuetzalan se comprometió a no privatizar el agua, así como a no permitir los llamados “proyectos de muerte” y para ello se conformó el Consejo Municipal Macehual y también ayuda a distribuir el agua en las comunidades.

En tanto, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP se desarrolla el Seminario-Taller de Patrimonio Biocultural y Legislación ambiental, que coordina la investigadora Teresa Ventura Rodríguez.

Cabe mencionar que en 2015 se detuvo a aprobación de la llamada Ley Korenfeld que avalaba la privatización del agua a nivel nacional, instituía que el gobierno estatal tenía que pagarle a las empresas si invertían en zonas no rentables y no permitía los estudios independientes sobre calidad y manejo del agua.

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Tania Damián Jiménez @TaniaDamianhttp://www.angulo7.com.mx/author/tania/
Fundadora y subdirectora del portal de noticias Ángulo 7. A los 14 años decidió que quería dedicarse al periodismo. Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Fue becada por la Fundación Prensa y Democracia (Prende) y por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI).
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