Javier Lozano Alarcón, jefe de la Oficina de Gobierno, aseguró que el edil José Juan Espinosa Torres obtiene 6 millones 417 mil pesos por el servicio de agua potable que no realiza y agregó que la reforma al artículo 12 constitucional no “privatiza” el liquido.
En rueda de prensa, reiteró que es “mentira” que la reforma al artículo 12 constitucional busque “privatizar” el agua y mencionó que no denunciará penalmente al munícipe de San Pedro Cholula, pero le darán seguimiento al caso.
Afirmó que las modificaciones que se hicieron a la fracción VI del artículo 12 de la Constitución local están acorde a lo que establece la Carta Magna, por lo que los municipios no perdieron sus facultades.
Agregó que la palabra “Estado” como se estableció, no implica que el servicio hídrico será administrado por el gobierno estatal, sino por cada uno de los ayuntamientos en apoyo de los otros dos órdenes de gobierno.
Controversia de JJ no procederá
No obstante, la fracción VI del artículo cuarto de la Constitución federal, qué también se refiere al derecho del agua, agrega con “la participación de la Federación, entidades y municipios, así como la participación ciudadana”.
Agregó que la controversia constitucional que promovió Espinosa Torres ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no procederá porque -insistió- no sé privatiza el agua.
Precisó que los cobros de 6 millones 417 mil pesos que hace el ayuntamiento de San Pedro Cholula es el por impuesto de saneamiento, pero -reiteró- no está prestando el servicio, por lo que estaría cayendo en un delito de coacción al cobrar por un servicio que no está otorgando.
Además, afirmó que la Comuna de San Pedro Cholula es la única que ha manifestado su rechazo a la reforma y “está incumpliendo en sus obligaciones”.
