Por quinta ocasión, Roberto Flores Toledano fue reelecto como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla, cargo que ocupará hasta 2020, esto pese a acusaciones de corrupción y una posible destitución por desacato a la SCJN.
A través de un comunicado, se informó que Flores Toledano fue electo por unanimidad en la sesión extraordinaria de este jueves y que ocupará el cargo del 15 de febrero de 2017 al 31 de diciembre de 2020.
Lo anterior, de acuerdo con el artículo sexto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual fue aprobada apenas el 6 de enero pasado.
En el comunicado, señala que se dará continuidad a los trabajos de transformación tecnológica y certeza jurídica a los ciudadanos; asimismo refrendó su compromiso para lograr una impartición de justicia “ágil, transparente, al alcance de todos y garante de los derechos humanos”.
Había otros perfiles: diputado
Al respecto, el diputado del PRI, Sergio Céspedes Peregrina, indicó que Flores Toledano no era el único perfil para encabezar el Judicial, pues existen otros cuadros “valiosos”.
Señaló que la mejor forma que tendrá para legitimarse es generando transparencia, además de recibir el respaldo de la mayoría.
Cabe mencionar que, recientemente, Enrique Romero Razo dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició un proceso contra los 25 magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), porque no se ha cumplido con la ejecutoria del amparo otorgado –el 26 de marzo de 2015– al exjuez.
Asimismo, en el sexenio de Rafael Moreno Valle fueron sustituidos 16 de los 24 magistrados que conforman el TSJ, quienes son cercanos al exmandatario, como Flores Toledano, quien no era abogado penalista.
En el último día de gobierno de Moreno Valle, tres magistrados fueron designados por el Congreso, entre ellos Israel Mancilla Amaro, operador político y consejero estatal y nacional del PAN.
Así como a Marcos Moreno Gavaldón, exdirector de asistencia jurídica en el DIF estatal, y Héctor Sánchez Sánchez, quien fuera síndico durante la administración del gobernador Antonio Gali Fayad. Para dichos perfiles se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial para que no fuera requisito haberse separado un año antes del cargo que ocupaban.