Comerciantes de la Unión de Introductores de Frutas y Legumbres de la zona de “La Subasta” en la Central de Abasto denunciaron cobros “obligatorios” por parte del presidente de dicha agrupación Miguel Campos Morales, a quien también acusaron de mal manejo de recursos.
En rueda de prensa Margarito Gutiérrez López y Jorge Pérez, representantes de los quejosos, acusaron que debido a que 48 de sus compañeros se negaron a pagar las cuotas de 50 pesos que les pidieron, fueron desalojados a la fuerza de sus espacios de trabajo.
Señalaron que varios de los comerciantes de esa zona son amenazados por Campos Morales, quien les exige pagos diarios para dejarlos trabajar, lo cual ha incrementado, pues en un principio eran 10 pesos y ahora la cuota subió a 50.
Indicaron que en los 6 años que lleva como líder, ha recibido al menos 22 millones de pesos por la venta de locales, pago diario de los locales utilizados y hasta del cobro de los baños públicos que hay en ese lugar, sin embargo, se desconoce el destino de dichos recursos.
48 comerciantes han sido afectados
Agregaron que, al menos 48 comerciantes se han visto afectados, pues a pesar de haber hecho sus pagos, por tener alguna diferencia con el actual comité, les quitan sus espacios, para ser revendidos a familiares e “incondicionales” del presidente de la organización.
Aseguraron que los locales son vendidos ilegalmente, pues todos fueron adquiridos desde hace varios años, pero al ser desalojados de manera violenta, a través de contratos de compra-venta, las escriturar de las áreas se están haciendo a nombre de Campos Morales sin que se consulte a los agremiados.
“Miguel Campos está haciendo su negocio de manera ilegal, además de que en los últimos años no ha rendido cuentas de los 22 millones de pesos que ha recibido por todas las transas que ha venido haciendo a costa de nosotros”, pronunciaron.
Por lo anterior, ambos comerciantes pidieron al ayuntamiento de Puebla atender dicho tema, y evitar que más locatarios sean defraudados, pues la Central de Abastos es una zona que le compete a la Comuna, y –afirmaron– están de acuerdo en hacer los depósitos, pero en un número de cuenta que proporcione el gobierno municipal y no el administrador del área.
