Las autoridades “moldean” la Constitución a su conveniencia, por lo que el sistema de justicia mexicano es deficiente y corruptible; además los ciudadanos son “ajenos” a sus derechos y obligaciones porque los gobiernos no informan su contenido.
Así lo señaló Alejandro Jiménez Padilla, abogado del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Imdhd), quien sostuvo que por esa falta de conocimiento, el documento “no genera unidad”.
Agregó que a un siglo de haberse formado esta norma, tres cuartas partes de ella han sido modificadas, por lo que ahora “prácticamente es otra, pero no necesariamente mejor”.
Dijo que cuando el gobierno da a conocer partes de la Constitución, es con un lenguaje técnico con el que la sociedad no está familiarizada.
En rueda de prensa en la Universidad Iberoamericana Puebla, explicó que solo en los sexenios de los panistas Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, es decir, del año 2000 al 2012, fueron reformados 57 artículos.
Cambios a derechos laborales
Entre las modificaciones –detalló- se hicieron 89 restricciones principalmente a derechos primordiales, como el trabajo, la propiedad, la libertad y el ocio.
Del total de restricciones, 36 son para la sociedad en general; 15 aplicables solo a grupos específicos, como poblaciones indígenas; 17 a las personas mexicanas no nacidas en México; 16 para el ejército y 9 a personas privadas de la libertad.
Por otro lado, aseveró que a pesar de las constantes y numerosas reformas, los problemas del país continúan presentes, pues “la población indígena es cuatro veces más pobre, que en 1917, la calidad educativa es mínima y la seguridad es solo discurso”.
Ante esto, aseguró en “términos reales el ambiente social es peor”, principalmente porque la inseguridad se ha “generalizado” en todo el país.
Y es que señaló que a partir de que el expresidente Calderón Hinojosa declaró hace diez años la llamada “guerra con el narcotráfico”, la violencia aumentó, así como los delitos de alto impacto, como el secuestro, la extorsión y las ejecuciones.
Por ello, consideró que debe haber más difusión “clara y precisa” sobre la Carta Magna para hacerla “cercana” a la gente.