Diputados federales del PRI de Puebla pedirán a la CNDH investigar el intento del “desalojo violento” de vendedores ambulantes en el Centro Histórico, así como, la suspensión de Juan Carlos Morales Páez, secretario de Gobernación municipal (Segom).
Así lo señalaron los legisladores Xitlalic Ceja García, Alejandro Armenta Mier, Víctor Giorgana Jiménez y la secretaria general del PRI, Rocío García Olmedo, quienes criticaron el uso de armas de fuego durante el operativo del ayuntamiento de Puebla, por lo que exigirán a la Comuna que, mientras se realice la investigación, suspenda del cargo a Morales Páez.
García Olmedo respaldo el posicionamiento de los diputados y señaló que “nuevamente en Puebla se está aplicando un uso indebido de las fuerza pública y la violación de derechos humanos”, como en el caso de Chalchihuapan, en el que “una gran impunidad existe todavía”.
Calificó el operativo contra ambulantes como un acto de “autoritarismo” y con faltas de “táctica policial”, similar al de Chalchihuapan. “No justificamos la informalidad, pero sí es necesario abrir opciones reales de empleo y generar una política pública específica para el sector informal”, acotó.
Se violentaron protocolos
Durante su intervención, Ceja García señaló que los protocolos del operativo “no fueron los correctos”, pues aseguró que las autoridades municipales y la policía estatal no respetaron el periodo vacacional ni el horario, el gobierno municipal no agotó el diálogo, así como tampoco la persuasión verbal con los vendedores.
Cuestionó el trabajo de los Arcos de Seguridad, cuya inversión de mil millones de pesos “no lograron detectar” el ingreso de las supuestas tres toneladas decomisadas de mercancía ilegal durante el operativo, argumento –dijo– con el que autoridades “pusieron en riesgo la integridad de miles de personas” que se encontraban en la zona.
En tanto, Armenta Mier destacó la existencia de videos que circulan en redes sociales en los que se aprecian que uniformados dispararon en contra de los comerciantes, y se ve cómo una patrulla arrolla a uno de los vendedores durante el enfrentamiento.
Consideró que, en Puebla, “el Estado de Derecho no existe y el uso de la fuerza pública es a criterio de los gobernantes” lo que ocasiona –dijo– una aplicación irregular de la ley.
Hubo falta de “táctica policial”
Indicó que “la ineptitud, falta de estrategia y materia policial son resultado de una autoridad municipal impuesta que desconoce a la ciudadanía, los mandos dan órdenes a los efectivos para actuar contra los derechos humanos de los comerciantes“.
Por su parte, Giorgana Jiménez resaltó que en el operativo del pasado viernes no se respetaron los protocolos que establece la ley que regula el uso de la fuerza pública en Puebla, más conocida como “Ley Bala”, por lo que exigió que se sancione a quienes vulneraron la normativa.
Cabe mencionar que, el 22 de julio se realizó un operativo en la calle 8 poniente entre la 3 y 5 norte, que dejó un saldo de 13 personas heridas, cuatro de ellas, de bala.
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