Por tercer día consecutivo, policías estatales sitiaron las calles del Centro Histórico para evitar la presencia de ambulantes; agremiados a Antorcha marcharon nuevamente mientras que otros acusaron que los amenazaron con meterlos a la cárcel.
De nueva cuenta, las calles 6, 8, 10 y 12 poniente y las 3 y 5 norte amanecieron resguardadas con elementos de seguridad, así como los cruces de dichas calles bloqueadas con los vehículos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cerrando el paso a la circulación.
Este hecho ha generado que algunos informales se trasladaran a la zona del mercado 5 de Mayo, así como a la calle 5 norte de 14 a la 16 poniente para instalarse y vender sus productos, pues en esa vialidad no hay presencia de policías.
En entrevista, Martín Juárez, líder de la organización “11 de Marzo”, sostuvo que esta medida por parte de las autoridades municipales ha afectado a 2 mil 300 familias de 24 organizaciones, incluyendo las cuatro de Antorcha Campesina, que vendían en esa zona del primer cuadro de la ciudad.
Aseveró que el director de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom), Mauro Nava Rossano, incumplió con el acuerdo al que habían llegado, pues se había dicho que el martes regresarían a las calles a partir de las 12 del día, sin embargo, no se los permitieron.
Mauro Nava amenaza con cárcel, acusan
En ese sentido, sostuvo que Nava Rossano “amenazó con meter a la cárcel” a los comerciantes ambulantes si comentaban algo ante la prensa, por lo que no declaran, pero “por eso estábamos callados pues ya llego el momento de decir basta”
“Hoy nos da una puñalada en la espalda, nos dijo que nos atuvieran a las consecuencia porque si no alcanzaríamos a Federico López líder de Fuerza 2000, lo que pedimos es que ya no haya cacerías de brujas, si a través de la fuerza pública nos va a detener que lo haga, pero no estamos delinquiendo, pedimos que respeten los acuerdos”, declaró.
Consideró que el retiro del comercio informal podría ser por la colocación de los parquímetros que el ayuntamiento plantea implementar para el próximo año, aunque no abundó en detalles, por lo que –afirmó– torearán en las calles para obtener ingresos.
Sostuvo que están dispuestos a unirse con Antorcha Campesina en las movilizaciones que realizan para exigirles a las autoridades una solución.
Antorcha vuelve a vender en el zócalo
En ese tenor, alrededor de 300 agremiados de dicha organización volvieron a marchar en Puebla para protestar frente al Palacio Municipal, además de colocar sus puestos para vender tras haber sido retirados de las calles del primer cuadro de la ciudad.
El plantón nuevamente abarcó la calle Juan de Palafox y Mendoza y 16 de Septiembre, pero esta ocasión hasta show de payasos –mismos que semanas atrás fueron retirados del zócalo por el supuesto lenguaje que utilizaban– estuvieron brindando su espectáculo.
En entrevista, Francisco Machorro, líder de la organización, aseveró que se vieron en la necesidad de marchar porque sus agremiados deben de mantener a sus familias.
Refirió que “las amenazas” son constantes por parte del gobierno municipal, sin embargo, –puntualizó– seguirán haciendo sus protestas y vendiendo frente al palacio, “nos dicen que nos vallamos de la 14 para adelante y eso no es justo porque ya hay otros vendiendo”.
Detención de Federico, prefabricada
Por otra parte, en rueda de prensa, Hilario Gallegos Gómez, mencionó que Federico López flores, líder de la organización “Fuerza 2000”, es un “preso político” más, pues de acuerdo con sus representantes legales, el delito que se le imputa de homicidio calificado en grado de tentativa sólo fue un pretexto para detenerlo, pues no es por el enfrentamiento del 22 de julio.
Explicó que la detención se dio por los hechos que ocurrieron el 3 de julio en el mercado La Raza, ubicado en la 11 norte, entre 6 y 8 poniente, ya que el expediente marca que existe una denuncia en contra del líder ambulante, sin embargo –sostuvo– el denunciante no declaró.
Argumentó que una persona había sido la víctima de López Flores y la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó el informe médico, quien fue dada de alta semana y media después, pero tardaron más de cuatro meses en aprehenderlo, cuando pudieron haberlo hecho antes.
“Es mucha casualidad que la orden de aprehensión la sacan a las 10 de la mañana y media hora después ya lo están deteniendo, sabemos cómo se las gasta el gobierno inventado delitos, un selló de la administración estatal”.
