Elia Tamayo Montes, madre de José Luis Tlehuatle Tamayo exigió a Jorge Ulises Carmona Tinoco, sexto visitador de la CNDH, un informe por escrito del avance del cumplimiento de las 11 recomendaciones de Chalchihuapan.
En una carta dirigida a Carmona Tinoco, Tamayo Montes refiere que a la fecha “se desconoce cuál y como ha sido el cumplimiento a cada punto de la recomendación 2VG/2014 que por violaciones graves a los derechos humanos” que hizo el gobierno de estado de Puebla, durante el desalojo de una vialidad federal contra pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.
Por ello, exige al visitador informe por escrito de los avances del caso pues a la fecha, a pesar de que se han establecido mesas de trabajo y reuniones “ninguna respuesta ha sido satisfactoria”.
Advierte que al desconocer los avances se vulnera sus derechos como víctima indirecta, así como el acceso a la justicia, verdad y la reparación del daño.
Desconocen situación de Rosas
Refiere que en el caso de Facundo Rosas Rosas, el extitular de Seguridad Pública del Estado, se enteraron de que fue sancionado por los medios de comunicación, sin embargo desconoce por qué se le sancionó, y su situación jurídica.
Aunado a ello, existe la duda de saber si la sanción cumple con la expectativa de la CNDH, pues Rosas Rosas tramitó un amparo, pues de demostrarse que al concederle el amparo no quedo firme la sanción, entonces quedará claro que “no hay acceso a la justicia a las víctimas”.
Asimismo, refieren que tampoco conocen que servidores públicos fueron sancionados penalmente, pues fueron informados de que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya acabó a investigación y notificó a algunos de los involucrados del “no ejercicio de la acción penal”, lo que representa una exoneración penal de quien fue sujeto a investigación.
Hay órdenes de aprehensión pendientes
De igual forma refiere que existen órdenes de aprehensión pendientes contra habitantes de Chalchihuapan, por lo que es urgente saber qué va a pasar con ellas y cuál es su situación.
Sobre el tercer punto que refiere a la reparación del daño advirtió que ni ella, ni otro de los agraviados estaban de acuerdo con la cantidad fijada para compensarlos, además de que tienen dudas de los criterios utilizados para fijar la cantidad.
Mientras, en el cuarto y quinto punto sobre la creación de un área especial para atender los conflictos sociales, exigen saber cuál fue el área creada, además de quien la ocupa, pues es de vital importancia saber si esa persona tiene capacidad de solución, además del protocolo creado.
Finalmente, sobre la disculpa pública aseguran que tampoco se ha cumplido pues no todos estuvieron presentes, “ya que el acto de disculpa pública es el primer término dirigido a las víctimas”.
Lo anterior fue informado por Hilario Gallegos Gómez, vocero del Centro de Defensa y Difusión de los Derechos Humanos “José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo“.
