El Congreso local iniciaría este jueves el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (Ipadr) contra Eduardo Rivera Pérez, por presuntas irregularidades en su cuenta pública del 2013 como edil de Puebla.
En la orden del día, ya disponible en la página del Legislativo, se señala que, además de Rivera Pérez –del grupo yunquista que tiene rompimiento con el ala morenovallista—la Comisión Inspectora pidió indagar fiscalizaciones de otros cuatro sujetos de revisión.
Los señalados son los alcaldes Alberto Ramos Morán, de Atzala; Guadalupe Martínez Zúñiga, de Axutla, y José Luis González Enríquez, de Chinantla, todos por las cuentas de 2014.
El dictamen será sometido a votación del pleno, pero, considerando que la mayoría del parlamento está “dominado” por morenovallistas del Partido Acción Nacional (PAN) y las bancadas afines a estos –Nueva Alianza (NA), Compromiso por Puebla (CPP) y Pacto Social de Integración (PSI)— se prevé que el documento se avale.
Cabe mencionar que, el 24 de noviembre, Rivera Pérez indicó que los diputados locales ya habían aprobado su cuenta de 2014, la cual sólo comprendió del 1 de enero al 14 de febrero, por lo que se le hizo “extraño” que el Congreso se “brincara” la de 2013.
El exedil ha señalado que sus cuentas públicas han sido utilizadas como “garrote político”, ya que en su administración como edil de la capital –2011 a 2014– no congenió con el gobierno de Rafael Moreno Valle, quien también milita en el PAN.
Van por destitución de Fernández
Asimismo, a Ernestina Fernández Méndez, a quien también se le ha señalado como una “perseguida” de Moreno Valle, se le aprobaría una inhabilitación por 12 años, así como una sanción económica por 152 millones 579 mil 32 pesos.
El daño patrimonial que se le adjudica es de 76 millones 289 mil 516 pesos.