La Secretaría de Finanzas de Puebla reviró las declaraciones sobre la deuda pública que sería de 76 mil millones de pesos, al señalar que los “únicos datos oficiales” son los de la SHCP que señala que la cifra es de más de 8 mil millones de pesos.
Así lo señaló, en entrevista tras asistir a la presentación del documento de Evaluación de la Política Regulatoria en el estado de Puebla de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el secretario Guillermo Bernal Miranda.
Lo anterior, luego del estudio que realizó Eudoxio Morales Flores, investigador de la Facultad de Economía de la BUAP, en que dio a conocer que las nueve obras que el gobierno de Rafael Moreno Valle financió con los esquemas APP y PPS costarían 69 mil 737 millones de pesos, lo cual representa un sobrecosto de 186.1 por ciento respecto del valor actual, que es de 24 mil 373 millones.
“Yo recomendaría a los que quieran tener información fidedigna sobre este tema que consulten la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ahí están las cifras y esas son las que deben contar, no creo que miente o que nos ayude a presentarlas”, declaró el funcionario.
Nómina se concentrara en SFA
Respecto al paquete fiscal del próximo año que presentó ante el Congreso, refirió que se hicieron algunas modificaciones por los incrementos salariales, ya que así lo pide la nueva Ley de Disciplina Financiera para los estados.
Detalló que en el caso de los 4 mil millones de pesos para el sueldo de 30 mil maestros afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se distribuía de acuerdo con los parámetros que fija la Federación.
En ese sentido, explicó que anteriormente dicho recurso estaba en el capítulo 7000 y sólo se traspasaba a la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero para 2017, el capítulo 1000 –nómina– de todas las dependencias estará contemplado en la SFA, sin embargo, no precisó si aumentó o no.
Habrá estudio sobre políticas regulatorias
Respecto al evento, Manuel Gerardo Flores, Economista Sénior de la División de Política Regulatoria de la OCDE, mencionó que con el estudio que están haciendo se busca identificar los avances en mejora regulatoria, qué prácticas son la que pueden ser referentes para los municipios y qué es lo que hace falta por hacer.
En rueda de prensa, el especialista refirió que se comparará el caso de Puebla con la de otros países del mundo. El documento estará listo en enero próximo, para que sea tomado en cuenta por la gestión de Antonio Gali Fayad que iniciará en febrero.
Aunque dijo que ha habido avances en el sexenio panista que está por concluir, mencionó que es necesario identificarán cuáles son los retos que tiene la administración para poderlos desarrollar a futuro.
Por lo anterior, consideró prioritario que se amplíe la simplificación de trámites de empresas a nivel municipal, pero apoyados con las normas estatales y federales.
Finalmente, el economista profirió que Puebla será el único estado en el país que contara con esta evaluación, pero aseveró que para garantizar la mejora regulatoria es necesario que las autoridades trabajen con autodisciplina y seguimiento, además de que se apoyen de todos los sectores involucrados.
