Tras clausura simbólica, Agua de Puebla exige respeto a candidatos
Tras clausura simbólica, Agua de Puebla exige respeto a candidatos. Foto: José Castañares / EsImagen
Concesión de Soapap no solventará deuda; requerirá recursos en 2019: Fitch. Foto: José Castañares / EsImagen
Concesión de Soapap no solventará deuda; requerirá recursos en 2019: Fitch. Foto: José Castañares / EsImagen

Para 2019, el Soapap necesitará recursos estatales para continuar operando, pues los fondos para solventar la deuda con Banobras -que al cierre de 2015 ascendía a mil 888.8 millones de pesos– solo durarán tres años más, estimó Fitch Ratings.

De los mil 528 millones de pesos que Concesiones Integrales –Agua de Puebla para Todos- pagó para cubrir parte de la deuda y obtener la concesión del servicio en diciembre de 2013, para mediados de agosto de este año ya solo le quedan 475 millones.

Por este motivo, la calificadora consideró que los fondos serán insuficientes para que dicha empresa – concesionaria del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap)- continúe operando por más de tres años.

Empresa insolvente

Lo anterior significa que la privatización del servicio no resolvió el endeudamiento que traía el organismo, además de que la empresa ha sido objeto de diversas quejas por fallas en el suministro de agua potable, así como por cobros excesivos.

En un informe sobre la situación crediticia de la entidad poblana emitido el 18 de agosto, Fitch Ratings señaló que de no adquirir recursos extraordinarios del estado, el Soapap se convertirá en una “contingencia”, pues sus activos serán insuficientes para cubrir la deuda y los gastos de operación.

La administración del panista Rafael Moreno Valle concesionó por 30 años el servicio de agua potable –que antes daba el Soapap- a Concesiones Integrales (consorcio conformado por tres empresas mexicanas y una colombiana) Agua de México, Ecpor, Ticsa y el fideicomiso bancario de Grupo Hermes.

Cabe mencionar que marzo de este año, el consorcio se hizo acreedor a siete multas por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), debido a que sus plantas de tratamiento operan al 30 por ciento de su capacidad, por lo cual no cumplen con las normas ambientales.