Puebla es uno de los tres estados del país, con leyes que criminaliza el derecho de los ciudadanos a manifestarse; en tanto, otras cuatro entidades ya cuentan con iniciativas de ley de este tipo y sólo uno ya abrogó la misma, informó Artículo 19.
En un mapa realizado por la organización civil Artículo 19, con datos actualizados hasta octubre de 2014, se señaló que además de Puebla, el Estado de México y Quintana Roo también tienen leyes vigentes restrictivas hacia la protesta.
A su vez las entidades de Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Veracruz cuentan ya con iniciativas de ley en el tema.
Por su parte, en el análisis se indicó que el Congreso de Chiapas abrogó la “ley antiprotestas” que había aprobado, luego de recibir críticas de organismos defensores de derechos humanos.
De diciembre de 2012 a la fecha, se han presentado iniciativas federales y estatales para restringir la libertad de expresión. En el caso de Puebla, la ley aprobada por el Poder Legislativo el 19 de mayo de 2014 prevé mecanismos para hacer prevalecer el “orden colectivo” a través del diálogo, pero permite a los uniformados la posibilidad de utilizar armas no letales como medio para defenderse a sí mismos o a terceros.
“Ley Bala” y el caso Chalchihuapan
En Puebla, el nombre oficial es Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, mejor conocida como de la “Ley Bala”.
Cabe recordar que a dos años de un enfrentamiento entre policías y pobladores de la comunidad de Chalchihuapan, el 9 de julio de 2014, que provocó la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo y dejó varios lesionados, en Puebla sigue sin cambios esta ley.
De acuerdo con la ONG, la protesta es un elemento indispensable en una sociedad democrática, pues permite la participación ciudadana, además de generar debate público y al mismo tiempo es un instrumento de defensa de otros derechos humanos.
Artículo 19 acusó que durante el contexto de protestas, se han documentado: detenciones ilegales, agresiones por parte de policías a periodistas y manifestantes, así como uso desproporcional de la fuerza.
Criticó que mientras los congresos locales siguen presentando iniciativas para limitar las protestas, las Comisiones estatales y la nacional han sido omisas en impugnar por estas leyes que violan los derechos humanos.
