Luego de que en meses pasados el director jurídico del Congreso de Puebla, Jesús Juárez Lezama, recibiera varias acusaciones por el rezago legislativo, este miércoles presentó su renuncia ante la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo).
Ello, de acuerdo con información difundida en redes sociales este 1 de julio, donde se mencionó que la próxima semana, la Jugocopo determinará si avalan su retirada.
Además, se sabe que por el momento seguirá siendo director general de asuntos jurídicos, de estudios y de proyectos legislativos en el Congreso de Puebla.
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Antes de su cargo actual, era jefe del departamento de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres de San Andrés Cholula. Asimismo, fue jefe del departamento de asesores jurídicos adscritos a la Secretaría de Educación Puebla (SEP).
Posteriormente, en octubre de 2024, tomó protesta como director jurídico del Congreso de Puebla. Sin embargo, en marzo de 2026, diputadas de distintas bancadas lo acusaron de retrasar y estancar iniciativas a favor de las mujeres.
La diputada Xel Arianna, del Partido del Trabajo (PT), dio a conocer que al menos 30 iniciativas enfocadas en armonizar la legislación local contra la violencia de género con las leyes federales permanecen estancadas.
Además, la diputada de Morena, Grace Palomares, a través de redes sociales, dijo que el trabajo legislativo se ve retrasado por “el humor” del jurídico.
Diputados acusan a director jurídico de irregularidades y rezago
El 12 de marzo, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Susana Diestra, solicitó al Órgano Interno de Control (OIC) una revisión exhaustiva. La petición fue para investigar presuntas irregularidades cometidas por Jesús Lezama y el secretario general, Leopoldo de Lara Valera.
La petición surge luego de que dichos trabajadores del congreso le ocultaran a los legisladores una notificación que envió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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Un día después, el presidente Pavel Gaspar afirmó que, si la mayoría de los diputados respaldaba la petición de Susana Riestra, considerarían tomar medidas. Precisó que el director jurídico, Jesús Lezama, y el secretario general, Leopoldo de Lara Valera, podrían ser removidos por irregularidades y el estancamiento de iniciativas.
Luego, el 8 de abril, la mayoría de las bancadas acordó agotar los procesos internos antes de votar si removían o no a los funcionarios.
Cabe decir que hasta el momento, el poder legislativo estatal no ha emitido alguna postura al respecto.



