El presidente del Congreso de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, y la presidenta estatal de Morena, Olga Garci-Crespo Romero, hicieron un llamado a los ediles de todos los partidos políticos a consultar y transparentar las cuentas de obras millonarias financiadas con recursos públicos, como la radial a Cuayantla en San Andrés Cholula.
Las declaraciones se produjeron después de que el regidor con licencia Raymundo Cuautli diera a conocer al gobernador Alejandro Armenta el costo de la obra anunciada por la alcaldesa Lupita Cuautle.
Cuautli solicitó una auditoría previa al inicio de la construcción, destacando que el proyecto tiene una longitud de sólo 2.7 kilómetros.
El gobernador Armenta señaló que con los 80 millones de pesos presupuestados por el municipio se podrían adquirir seis trenes de maquinaria para pavimentación.
Congreso en espera de solicitud de auditoría a Radial de Cuayantla
Este 3 de febrero, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Pavel Gaspar, informó que ni el Congreso ni la Auditoría Superior del Estado (ASE) recibieron una solicitud formal para auditar la obra.
El diputado afirmó que esperan la petición correspondiente por parte del regidor Cuautli y garantizó que darían seguimiento puntual al caso.
Además, insistió en que todos los ediles municipales deben actuar con ética y principios, sin importar su afiliación partidista para construir obras millonarias.
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Por su parte, la presidenta estatal de Morena, Olga Garci-Crespo Romero, afirmó que la obra se planeó sin consultar a la población.
Desde el partido se subrayó que el uso de recursos públicos exige transparencia y proyectos técnicamente sólidos, con costos razonables que respondan a necesidades reales de la comunidad.
Morena destacó que, en el caso de San Andrés Cholula (municipio gobernado por el Partido Acción Nacional, el ayuntamiento tiene la obligación de informar con precisión, abrir toda la documentación técnica y justificar cada peso invertido.
La rendición de cuentas no es opcional, especialmente cuando se trata de inversiones millonarias financiadas con dinero de los contribuyentes.
Finalmente, se exhortó a revisar los proyectos y explorar alternativas que optimicen los recursos sin afectar la calidad, priorizando siempre el interés colectivo sobre cualquier consideración política o personal.
