Especialistas coinciden que los partidos políticos deben ser los principales filtros para evitar que los candidatos con vínculos al crimen organizado ganen elecciones. Para ello, las encuestas son insuficientes y deben conocer a profundidad los perfiles que postulan, así como vigilar sus obligaciones fiscales.
Ángulo 7 entrevistó a especialistas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y de la Universidad de las Américas en Puebla (Udlap) sobre los mecanismos que pueden implementarse para evitar que en las próximas elecciones se repitan historias como la de los hermanos González Vieyra.
La académica de la BUAP, Monserrat Miquel Hernández destacó que representa un avance que los partidos apliquen encuestas para la selección de sus candidatos. Remarcó que son los propios partidos los que deben fungir como primera línea de control.
Sin embargo, subrayó que no basta con encuestas; es necesario conocer a fondo el perfil de quienes se postulan.
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Por su parte, Carlos Figueroa Ibarra, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (Icsyh) “Alfonso Vélez Pliego” de la BUAP, coincidió en la importancia de la vigilancia interna de los partidos, más allá del cumplimiento de obligaciones legales.
Aseguró que a los partidos les conviene mantener este control, pues si uno de sus candidatos resulta ser un delincuente o tener vínculos con el crimen, el desgaste a su capital político sería severo.
Mientras que el académico de la Udlap, Víctor Reynoso, acotó que hay delincuentes que son “muy queridos” entre la población. Por ello, no es suficiente el uso de las encuestas como filtro para nominar candidatos.
“La elección por encuestas implica poco desgaste interno, pero no necesariamente garantiza perfiles limpios”
Pruebas de confianza
En cuanto a las pruebas de confianza en los partidos, la profesora descartó la prueba del polígrafo como opción viable para garantizar que los candidatos no pertenezcan al crimen organizado. Ello debido a su alta posibilidad de ser vulnerada o de arrojar falsos positivos.
Aunque se reconoció el avance que representa la política del “3 de 3” (que impide candidatear a deudores alimentarios o personas inscritas en registros de violencia de género), enfatizó que esta medida no resuelve el problema de fondo.
Víctor Reynoso aseguró que realizar pruebas de polígrafo y antidoping no son las más adecuadas para realizarlas a los posibles candidatos. Esto debido a que implica una intromisión en la vida privada de los candidatos.
Dijo que la ley no persigue a quienes consumen alcohol o se drogan, sino a quienes tienen relación con personas del crimen organizado o en su defecto, que trafiquen sustancias ilícitas. Es decir, que dicha prueba no reflejaría posibles nexos.
Otro mecanismo para prevenir
Ante posibles controversias, Carlos Figueroa planteó la necesidad de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) tenga un papel activo.
En caso de que se señale a un candidato por ciertos antecedentes y este impugne la acusación, explicó, el Tribunal debería intervenir para determinar la viabilidad y el sustento legal del impedimento que el Instituto Nacional Electoral (INE) hubiera impuesto sobre ese tipo de candidaturas.
El docente, agregó que es necesario también debilitar el poder financiero del narcotráfico, mediante el combate al lavado de dinero. Esto con el fin de reducir si un asunto electoral, tuviera acceso regulado a estas distintas fuentes para concentrar la información relevante sobre candidaturas.
El papel del periodismo y la sociedad civil
El académico de la Udlap llamó a confiar más en la sociedad civil y en el periodismo, pues aseguró que son los medios serios los que informan a la sociedad para formarse una opinión sobre los políticos y funcionarios. Muchos de los cuales serán candidatos para las elecciones de 2027.
“Los ciudadanos tenemos que apoyarlo, entrando a sus páginas, suscribiéndonos”
Lamentó que esta labor le haya costado la vida a muchos periodistas en ciudades pequeñas y medianas del país.
