Ante el incremento desmedido de las rentas en viviendas, locales comerciales e inmuebles, en el Congreso de Puebla se presentó una iniciativa para establecer como límite de referencia la inflación anual para dichos aumentos de arrendamientos.
La diputada de Morena, Elisa Limón Balderrábano, presentó la iniciativa con el propósito de reformar y adicionar los artículos 6, 72 y 2268 de la Ley de Vivienda y la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Código Civil de Puebla.
El objetivo es estandarizar ordenamientos jurídicos y poner límites a los aumentos en las tarifas de rentas de viviendas y comercios en Puebla establecidos sin justificación.
La diputada mencionó que las reformas servirán para salvaguardar a los afectados, más aún, si forman parte de grupos vulnerables.
¿Cuáles son las reformas planteadas en la iniciativa?
Las reformas de la iniciativa establecen que los propietarios o adquirientes de viviendas en fraccionamientos arrendar los inmuebles, como viviendas o comercios, se sujetarán a disposiciones del Código Civil de Puebla.
Además, cuando las partes pacten un precio de arrendamiento por determinado tiempo, no podrá generarse uno o varios incrementos. Esto durante el tiempo que surtan efectos los derechos y obligaciones de las partes del contrato.
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Igualmente, los incrementos en los precios de rentas para viviendas, predios rústicos y urbanos, destinados para comercio, industria y subarrendamientos en Puebla, no deben de rebasar del monto fijado en la tasa de interés de la inflación anual del Banco de México.
Finalmente, se buscan los montos fijados por un juez para la reparación del daño y perjuicios no eximen al arrendador de responsabilidades, sanciones o multas señaladas en los ordenamientos jurídicos.
En Congreso local, analizan consecuencias del aumento de rentas en Puebla
Recalcó que, el incremento de arrendamiento registrado en los últimos años, genera un impacto negativo y significativo en la economía de personas físicas, pequeños comerciantes y sectores productivos. Específicamente, las rentas afectan el acceso a la vivienda, la viabilidad de comercios y la estabilidad del tejido económico en Puebla.
Además, esta situación propicia prácticas especulativas que distorsionan el mercado inmobiliario y vulneran principios fundamentales de justicia social, equidad y desarrollo económico equilibrado.
Elisa Limón mencionó que, los aumentos de rentas de viviendas y comercios se registran más en zonas urbanas de alta presión económica en Puebla. Esta situación ocasiona que pequeñas y medianas empresas cierren y se pierda la competitividad en sectores productivos.
La gentrificación en la zona metropolitana de Puebla deriva el incremento de las renta, que alcanza niveles de hasta un 30 por ciento en determinados periodos.
SCJN revisa amparo sobre límite de renta
Cabe decir que la problemática llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por medio del Amparo 546/2025 que continúa en revisión.
A través de dicho amparo, se determinó constitucional establecer un límite ante el incremento de las rentas y que se tiene como fin proteger el derecho humano a una vivienda adecuada y accesible, lo cual es necesario de aplicar en Puebla.
La SCJN reconoció que las medidas contribuyen a evitar que el costo de la renta crezca por encima del poder adquisitivo de la población, lo que fortalece la estabilidad económica y social.
Así, la diputada de Morena mencionó necesario regular los aumentos de renta de viviendas y comercios en Puebla con los siguientes principios:
- Derecho a una vivienda digna, establecido en el artículo 4º constitucional.
- Seguridad jurídica y certeza económica, mediante reglas claras y previsibles.
- Equilibrio contractual, ante la asimetría entre arrendadores y arrendatarios.
- Salvaguardar la estabilidad económica de pequeños y medianos negocios.
- Evitar prácticas especulativas que generen inflación artificial en el mercado inmobiliario
Cabe destacar que la iniciativa de rentas en viviendas y comercios en Puebla también se justifica con los compromisos internacionales. Entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc).
Asimismo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD). También la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Icrpd).