La colectiva feminista “19 de marzo” rechazó y pidió que el Congreso de Puebla deseche la ley de Nayeli Salvatori sobre la regulación del alquiler de vientres, pues apunta que es una forma de explotación sexual y trata. Asimismo, exigen que se impulse desde la salud pública métodos de reproducción asistida y accesibilidad a las adopciones.
En entrevista con Ángulo 7, la activista Guedany Figueiras explicó que la iniciativa de gestación asistida y maternidad subrogada o “vientres de alquiler” reforma diversas disposiciones del Código Civil y que fue presentada el pasado 3 de julio de 2025, está planteada de manera tramposa.
La ley de Nayeli Salvatori plantea que se debe garantizar el derecho a la reproducción humana asistida. Además, sostiene que la maternidad subrogada o vientres de alquiler es una forma de reproducción asistida.
También propone la regularización de las gestaciones por contrato, que se efectuará a través de la práctica médica. Así, una mujer gestará el producto fecundado por las personas contratantes.
Sin embargo, de acuerdo con Guedany Figueiras, la maternidad subrogada o alquiler de vientres no es una forma de gestación asistida como dice la ley propuesta. Esto es una forma de instrumentalizar a las mujeres como si fueran simples contenedores, lo que también puede considerarse una forma de explotación sexual.
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Ley de alquiler de vientres, una forma de explotación sexual
Señaló que haya un contrato de por medio para que una mujer alquile su vientre implica una práctica de mercantilización del cuerpo de las mujeres.
La activista expuso que la decisión de una mujer de alquilar su vientre no es una elección plena sobre su propio cuerpo. Lo anterior, debido a que existen condiciones de extrema pobreza que la determinan.
Puebla sería el tercer estado, junto con Tabasco y Tamaulipas, en realizar una ley sobre los vientres en alquiler y la maternidad subrogada. Esto, de acuerdo con las activistas, convierte a Puebla en un destino para este tipo de explotación.
Las mujeres que se encuentran en condiciones de extrema pobreza son quienes optan por realizar estos procesos. Es decir, incluso en cuanto a salud física y mental, muchas de ellas ponen en riesgo sus condiciones por una cuestión de necesidad material.
Guedany Figueiras dijo que la diputada Nayeli Salvatori, así como los demás diputados que se adhirieron a esta iniciativa (mayormente de Morena), deberían impulsar políticas públicas que ayuden a subsanar las brechas de desigualdad que afectan más a mujeres y niñas.
Contratos que vulneran derechos
Otro de los problemas que denuncia la colectiva feminista “19 de marzo” es que, al establecerse los contratos de alquiler de vientre, los contratantes imponen condiciones a las mujeres.
Por ejemplo, las personas contratantes limitan el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo si así lo desea, o a tomar decisiones médicas autónomas sobre su cuerpo.
Plantean que eso contraviene lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la ley de autonomía reproductiva y vientres de alquiler.
Además, si la gestante se niega o decide no entregar al bebé como se establece en el contrato, no puede hacerlo porque ya existe un condicionamiento.
En ese sentido, esto implica una renuncia al derecho de filiación que tienen las niñas y niños antes de nacer. Es decir, su derecho a saber sobre sus orígenes y su identidad.
Maternidad subrogada puede llegar a ser trata infantil
Otro de los graves problemas en que puede derivar de la ley de alquiler de vientres es la trata infantil. Puesto que Guedany Figueiras dijo que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la venta de niñas y niños se entrelaza en el procedimiento que esta iniciativa promueve, dañando a las infancias.
La definición del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que, la venta de niños es cualquier acto o transacción por el cual un niño o niña es transferido por cualquier persona o grupo a otra persona o grupo a cambio de una remuneración o cualquier otra contraprestación.
Ante ley de alquiler de vientres, colectiva propone alternativa
La colectiva puntualizó que es necesario desechar esta iniciativa por las violaciones a los derechos humanos antes mencionadas. Pero, también resaltaron que se deben combatir las causas de la pobreza que orillan a las mujeres a tomar estas decisiones.
Subrayaron, además, que el sistema de salud pública de Puebla tiene que priorizar métodos de reproducción asistida para facilitar la planificación familiar. Desde las clínicas de salud se brinden alternativas como inseminación artificial, fecundación in vitro, donación de gametos y criopreservación.
Asimismo, resaltaron mejorar el sistema para hacer las adopciones más eficientes y accesibles para las familias que así lo decidan.
Dichas acciones podrían contribuir a evitar que se cree un mercado, utilizando los cuerpos de las mujeres como si fueran simples productoras de la mercancía que sería el bebé, apuntaron.
