La Unidad Técnica de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado (ASE) avanza en el proceso para fincar responsabilidades administrativas a Amanda Gómez Nava, extitular del organismo, por presuntas irregularidades en la adquisición de una camioneta blindada y un contrato por servicios de alimentos.
Así lo informó la diputada Norma Estela Pimentel, secretaria de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la ASE en el Congreso de Puebla. En entrevista, la legisladora explicó que se continúa con el desahogo de las etapas correspondientes para el deslinde de responsabilidades.
Las declaraciones se dieron tras la sesión de la Comisión celebrada este 27 de febrero, donde se presentó y aprobó el informe de resultados de la auditoría financiera y de desempeño correspondiente al ejercicio 2024.
ASE podría iniciar proceso penal contra Amanda Gómez
La diputada Norma Pimentel advirtió que, una vez concluido el proceso administrativo, el caso podría llegar a la vía penal. Lo anterior, por las presuntas irregularidades detectadas en la gestión de Amanda Gómez, específicamente por la compra de una camioneta blindada y la firma de contratos para la provisión de alimentos.
Previo a cualquier determinación, las personas señaladas por la Unidad Técnica de Vigilancia deberán comparecer para dar cuenta de las observaciones en su contra. De encontrarse responsabilidades, el área administrativa podría proceder incluso con la inhabilitación de los funcionarios involucrados.
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Presuntas irregularidades
Los señalamientos contra Amanda Gómez, quien ya no está al frente de la ASE, derivan del 2023. El primero es en cuanto a una compra de una camioneta blindada. El 18 de mayo de 2023 se firmó un contrato con la empresa Sumacortec SA de CV por un monto de 2 millones 897 mil pesos para la adquisición de una camioneta blindada modelo Tahoe.
No sé presentaron bitácoras de combustible ni se identificó al responsable del vehículo, lo que apunta a un posible uso incorrecto de los recursos públicos.
El segundo caso data del 16 de febrero de 2023, cuando se celebró un contrato para servicios de alimentación, el cual fue modificado el 14 de abril del mismo año. El monto contratado asciende a cerca de un millón de pesos y el proveedor señalado es María del Carmen Jacqueline Hernández Tobón.
En ambos casos se detectaron irregularidades como la falta de documentos que justificaran la excepción a la licitación pública, la ausencia del acta del comité de adquisiciones. Así como la carencia de documentación que acreditara el registro del proveedor en el padrón oficial de la ASe con Amanda Gómez.
