En Puebla, representantes de pueblos indígenas, legisladores y representantes del IPPI urgieron al Congreso local dar celeridad a la organización de consultas para la creación de la sala de justicia y la homologación de la legislación local en materia de derechos indígenas. Para ello, se requieren 6 millones de pesos.
Así lo comentaron en Ángulo 7 Radio Esther Martínez Romano, diputada local; Marcos Hilario Cruz y Marcial Sosa Álvarez, representantes de los pueblos indígenas en Puebla. También estuvieron presentes Moisés Ismael Rosas Cabrera y Reyes Gama Mateos, representantes del Instituto Poblano de Pueblos Indígenas (IPPI).
Esther Martínez, también presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, indicó que la consulta indígena para la homologación del artículo 2 constitucional requiere de un presupuesto estimado de 6 millones de pesos, el cual no fue previsto por el Congreso de Puebla para este año.
Agregó que se debe avanzar en el planteamiento de las consultas indígenas para que no se posterguen hasta el 2027. En este sentido, informó que está avanzando en una propuesta para realizar los foros de la homologación de los derechos indígenas a nivel local. Así como la creación de la sala indígena en un solo procedimiento, con el fin de hacer eficiente el presupuesto.
“Es un tema de voluntades, estamos trabajando el proyecto presupuestal para presentárselo al presidente de la Jugocopo, Pável Gáspar, pero estamos buscando también otras vías.”
¿Cómo se realizan las consultas indígenas en Puebla? Esto dice el IPPI
Por su parte, Moisés Rosas, asesor de la directora del IPPI, Apolinaria Martínez Arroyo, señaló que la función de esta institución es acompañar las consultas indígenas en la parte protocolaria, de modo que no pueden aportar recurso a su realización. Además, no habría un marco para realizar esta inversión, al ser el Congreso de Puebla el sujeto obligado a llevar los foros.
A su vez, Reyes Gama, también asesor de esta dependencia, llamó a la creación de una ley de consulta y participación indígena. Con esta legislación, se asignaría un recurso específico para estos fines. Explicó que el uso de estos recursos va desde los viáticos de los representantes de las instituciones hasta en la difusión de la consulta.
“Si bien es cierto, sería de gran ayuda para avanzar con ese tipo de reformas, técnicamente estamos amarrados. Por eso también el estado necesita una ley de consulta y participación donde se contemplen a los pueblos y comunidades indígenas”.
Además, abonó que las consultas indígenas en Puebla se componen de 4 fases. La primera es una etapa preparatoria, en la que el IPPI prepara un protocolo de consulta para exponerlos con las autoridades comunitarias. A ello le sigue una fase de acuerdos previos, en la que el protocolo se somete a consulta y se actualiza dependiendo los usos y costumbres de la comunidad, por ejemplo, si votarán a mano alzada o por asamblea.
En tercer lugar, se lleva a cabo la difusión de la consulta en la materia a tratar, la cual debe ser culturalmente adecuada. Es decir, ocupar los medios de comunicación elegidos por la localidad, desde trípticos informativos hasta lonas y medios de radiodifusión. Por último, se realiza la consulta y se da seguimiento a los acuerdos establecidos con la comunidad indígena de Puebla.
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Marcial Sosa, consejero estatal mixteco de los Pueblos Originarios y Afromexicanos en Puebla, recordó que la finalidad de homologar el segundo constitucional es dotar de autonomía a las comunidades y con ello, respetar sus usos y costumbres. Así como el reconocimiento de las decisiones que tomen y los representantes que elijan.
Por su parte, Marcos Hilario, presidente del Consejo Estatal de Pueblos y Comunidades Indígenas en Puebla, reconoció el esfuerzo del Congreso de Puebla en avanzar estas iniciativas. No obstante, se sumó al llamado de atender estas consultas.
A su vez, agregó que las comunidades indígenas tienen otras peticiones además de las ya mencionadas. Entre ellas, el acceso a condiciones de vida digna, por lo que señaló que varias localidades no tienen acceso al recurso del Faispiam para invertir en infraestructura social.
