La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció el gobierno comunitario indígena de La Candelaria, Chiapas. Con ello, serán sujetos de derecho público, con una administración directa de recursos públicos y la emisión de una ley para el ejercicio de los derechos autonómicos.
Así lo informó este viernes 27 de febrero, la Clínica Jurídica Minerva Calderón y el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática. Ambos son del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana (Ibero) de Puebla.
En el comunicado, la institución detalló que desde noviembre de 2021 brindó acompañamiento a la comunidad de La Candelaria, Chiapas, en el Amparo en Revisión 344/2025, cuando su Asamblea Comunitaria estableció el Lumaltik Candelaria, gobierno comunitario.
El propósito es que las autoridades tradicionales realicen las acciones necesarias para el reconocimiento del autogobierno indígena por parte de las autoridades del Estado mexicano.
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Desde hace 5 años, la Clínica Jurídica Minerva Calderón asumió la representación jurídica de la comunidad. A fin de desarrollar una estrategia jurídica ante el Poder Judicial de la Federación (PJF).
Fue así como el Alto Tribunal sentó un precedente histórico al admitir en la comunidad de La Candelaria, Chiapas, la existencia implícita de un orden de gobierno distinto al municipal, regulado por los sistemas normativos indígenas.
Avalan gobierno comunitario indígena de La Candelaria, Chiapas
Además, abre la posibilidad de que otras comunidades puedan acceder a partidas presupuestales de carácter público en ejercicio de su derecho al autogobierno. Esta decisión representa un avance para saldar la deuda histórica del Estado mexicano con sus pueblos y comunidades indígenas.
Bajo este contexto, la Ibero de Puebla pide que se extienda el reconocimiento de los territorios ancestrales y la protección de las lenguas originarias, como en la comunidad de La Candelaria, Chiapas.
“Llamamos a las autoridades del estado de Chiapas a vigilar el estricto cumplimiento de la sentencia. Así como a las autoridades de los diversos órdenes de gobierno a seguir promoviendo y garantizando el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas. Además, la interculturalidad y el pluralismo jurídico.”
