El Poder Judicial de Puebla llevó a cabo la firma de la Construcción del Índice de Igualdad y Justicia con Perspectiva de Género. Esta es una iniciativa que busca medir, evaluar y fortalecer las acciones institucionales orientadas a garantizar una justicia con mayor igualdad.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el compromiso fue encabezado por el presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández, y María Belinda Aguilar Díaz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Además de la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, María Elena Farfán González.
En su intervención, Lidia Islas González, especialista en derechos humanos y experta en perspectiva de género en políticas públicas, explicó que el Índice de Igualdad será una herramienta técnica que permitirá medir cómo se aplica este enfoque en distintos ámbitos del Poder Judicial.
Expuso que actualmente no existe un referente nacional de este tipo, por lo que el trabajo que se realizará en Puebla podría ser un referente.
Asimismo, subrayó que la construcción del Índice de Igualdad será a través de la escucha de experiencias de quienes trabajan en el Poder Judicial. Esto para tomar los datos recabados como indicadores.
Posterior a la firma, se realizaron mesas de trabajo con servidores públicos, cuyos aportes servirán como base para la construcción del proyecto. Ello con el objetivo de establecer variables y ejes de análisis para fortalecer la igualdad dentro del sistema de justicia de Puebla.
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Para que el Poder Judicial estatal rinda cuentas de manera clara y transparente a la ciudadanía sobre los motivos de los retrasos en la emisión de sentencias, el Congreso local analiza una iniciativa que obligaría a sus representantes a comparecer ante el pleno.
La reforma plantea adicionar el Artículo 87 Bis a la Constitución Política del Estado de Puebla. El titular del Poder Judicial debería comparecer cada año en la sede del Congreso, si las comisiones y posteriormente, en el pleno se aprueba.
En ese sentido, la comparecencia anual se perfila como el mecanismo más adecuado para cumplir con los principios de transparencia y máxima publicidad que establece la Carta Magna del estado.





