Un juez negó la suspensión del cablebús de Puebla que los colectivos Hermanos Serdán, la Asamblea Social del Agua (ASA) y vecinos de la junta auxiliar de Agua Azul promovieron mediante un juicio de amparo. En él, también solicitaron que se transparente el proyecto y se socialicen los impactos en la infraestructura urbana, la ciudad y el medio ambiente.
También solicitan que se garantice el derecho a la participación ciudadana en torno a dicho proyecto.
Este 18 de marzo, las agrupaciones ofrecieron una rueda de prensa para informar sobre el estado que guarda el amparo indirecto 362/2026, promovido ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Juicios Federales.
Los colectivos esperan que, luego de que el presidente del Congreso de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, señalara la necesidad de transparentar el proyecto, y de que el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, anunciara que se mantendrán mesas de diálogo con ambientalistas y activistas sobre las obras y la transparencia del cablebús, se logre avanzar en la socialización del proyecto.
Piden transparentar proyecto de cablebús
En el juicio de amparo se solicitó:
- La garantía del derecho de acceso a la información relacionada con la totalidad del proyecto del cablebús, incluido el estudio de impacto ambiental, así como de las acciones de tala, traslado, reubicación y demás medidas análogas.
- La garantía de participación pública en todas las etapas de elaboración del proyecto.
- La revisión del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-2021 en materia de contaminación atmosférica.
Los colectivos expusieron que, aunque admitieron el amparo, se negó la suspensión provisional del proyecto. Dicha resolución la emitió Jorge Arroyo Martínez, juez que, de acuerdo con los colectivos, resultó electo en el proceso electoral judicial de 2025 y no cuenta con una carrera judicial previa.
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Arturo Mendoza, representante legal de los colectivos, señaló que aunque el amparo fue admitido, se negó la suspensión provisional. El juez Jorge Arroyo Martínez argumentó que, en caso de que el resultado del juicio favoreciera a los quejosos, no sería posible regresar las cosas al estado en que se encontraban originalmente. Es decir, que las modificaciones que realizaron a la infraestructura, la poda de árboles o cualquier otro cambio no podrían restaurarse a su estado original.
Ante esta resolución, los colectivos anunciaron que presentarán una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial para que revise el actuar del juez, ya que consideran que su determinación no se apega a los postulados del Poder Judicial de la Federación al no privilegiar los derechos de la ciudadanía a la transparencia y la participación.
