El gobierno de Puebla enfrenta 89 litigios por un monto de hasta 5 mil 495 millones 445 mil 428.64 pesos, de los que 29 ya tienen sentencia firme y asciende a mil 576 millones 129 mil 296.86 pesos, por lo que se hace un análisis jurídico para no afectar las finanzas estatales.
Así lo informó, en la rueda de prensa en la Ciudad de México, junto con el gobernador Alejandro Armenta Mier, el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, quien es producto de la corrupción que se dio entre exfuncionarios y empresas por no atender las demandas.
Refirió que estos litigios de Puebla se heredaron debido a las administraciones pasadas que implican recursos “multimillonarios”.
Lo anterior, porque desde el poder se permitió crear esquemas de corrupción en la ejecución de obra pública, prestación de servicios, arrendamientos y pago de facturas.
“Son casos que estamos defendiendo y buscando la manera de que el daño al patrimonio de Puebla sea el menor, nos han demandado por mas de 5 mil millones de pesos, son 89 y algunos de ellos ya tienen sentencia firme y es lo que estamos atendiendo”.
El funcionario estatal explicó que en los 29 litigios que ya tienen sentencia firme, la cifra puede duplicarse tomando en cuenta las actualizaciones del año de la sentencia. Incluso estimo que podría duplicarse cuando deban hacer el pago, ya que son de años pasados.
Asimismo, detalló que, de los 89 litigios, nueve de ellos son los de mayor preocupación, por ser los más altos, ya que ascienden a 4 mil 651 millones 179 mil 36.6 pesos.
De estos, tres ya cuentan con sentencia firme desde antes que llegaran a la administración por un monto de mil 213 millones 496 mil 36 pesos.
Explicó que se detectó que en cuatro litigios se dio un “modus operandi” en el que empresas y funcionarios se coludieron para ganarle litigios al gobierno de Puebla.
Modus operandi detectado
Desglosó que entre 2014 y 2015 se celebraron cuatro contratos de obra publica a precio alzado, que en total ascienden a 391 millones 787 mil 906 pesos, a las que se le deben sumar las actualizaciones, por lo que se tendrían que pagar 854 millones 48 mil 9 pesos.
García Parra exhibió que, durante el gobierno de ese entonces, que fue el de Rafael Moreno Valle Rosas, se hicieron modificaciones una vez que las obras o servicios concluían, que solo dieron a conocer a través de “boletines informativos” que servían para acreditar obras y volúmenes adicionales.
Especificó que, aún con las obras pagadas, las empresas demandaron al estado pidiendo los pagos adicionales de los boletines, a lo que se sumó “la colusión” del Poder Judicial y estrategias como el cambio de domicilio, lo que ha llevado a litigar en estados como Nuevo León.
“Hay algunas empresas que hasta cambiaron de domicilio fiscal, los más importantes los tenemos en Nuevo León. Todo esto lo estamos litigando, integrando expedientes y presentando demandas, porque no podemos permitir que servidores públicos y empresas se sirvan del gobierno, cuando hay tantas necesidades”.
Se trabaja en iniciativa para Ley Antimilpa
En otro tema, durante la rueda de prensa, el coordinador de gabinete dijo que se está trabajando en la iniciativa de la “Ley Antimilpa” que enviarán al Congreso, con lo que se obligará a las empresas proveedoras a hacer obra social en Puebla.
Precisó que se tendrán que modificar varias leyes locales, con el objetivo de que todos los proveedores del gobierno que obtengan un contrato de obra pública, venta de bienes o prestación de servicios, tendrán que destinar un porcentaje de sus utilidades a proyectos sociales.
Lo anterior, aclaró, significa que una parte de sus ganancias tendrán que reflejarse en obras o proyectos que beneficien a las comunidades que lo necesiten.
Con esto, dijo, se busca que los porcentajes de “milpa y moche” que antes terminaban en manos de los funcionarios, se queden como inversiones en el estado de manera transparente.
Aseveró que la propuesta de ley estará lista pronto y se enviara al Congreso este año, ya que en administraciones pasadas, gobernantes y empresas hacían arreglos sin la ley para elevar los costos de obras y servicios, con cargo a los recursos públicos.
