El gobierno de Puebla enfrenta tres litigios contra empresas por un monto de mil 100 millones de pesos, derivado de demandas heredadas por una “red de corrupción de exfuncionarios”. Dicha situación se está analizando para obtener un acuerdo con ellas y no afectar las finanzas.
Así lo reveló, en la rueda de prensa de este martes, el coordinador de gabinete, José Luis García Parra. Señaló que cuando llegaron a la administración a mediados de diciembre del 2024, se encontraron con más de 100 demandas por contratos que no se litigaron.
Asimismo, refirió que son contratos que varían en sus montos, valores, características, condiciones y tiempo que se dieron. Hay algunos, señaló, que son de hace 20 años, que implicaría erogar miles de millones de pesos.
Litigios de Puebla son por contratos de hace más de diez años
El funcionario del gobierno de Puebla hizo énfasis en diez contratos que son catalogados de mayor relevancia, pues los litigios ascienden a 3 mil 500 millones de pesos que se tendrían que pagar. Tres de ellos tienen sentencia de 2013, 2015 y 2023 por un monto de mil 100 millones.
Por ello, explicó, a través de la Consejería Jurídica se está haciendo el análisis de los mismos. Lo anterior, para conciliar el tema de intereses y llegar a un acuerdo que no lastime las finanzas estatales. Sin embargo, fue un “modus operandi” que se dio entre empresas y exfuncionarios.
Aseveró que los funcionarios de ese entonces dieron el aval de obras complementarias inexistentes y conceptos de pago fuera de catálogo. Esto fue incluido en las demandas de las empresas y eso duplicó el monto que el gobierno de Puebla tenía que pagar, lo que derivó en litigios.
Dijo que, desafortunadamente, a pesar de que podrían ser considerados como conductas y delitos, por el tiempo que pasó ya prescribieron. No obstante, advirtió que están integrando los expedientes y se exhibirá públicamente a los exfuncionarios que permitieron esto.
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Buscan minimizar impacto a finanzas
Detalló que, aunque se tiene una sentencia en contra que los obligue a pagar, se tiene información que varios de sus integrantes son parte de otra firma. Esta también está demandando al gobierno, por lo que actuarán bajo la vía penal.
Vamos a ir por la vía penal por los socios de estas otras empresas, por estar cometiendo esto. Se organizaron más de tres personas con conductas reiteradas para robar al Estado y es delincuencia organizada. La defensa lo está haciendo el área jurídica del gobierno.
García Parra enfatizó que, a la par de los litigios, el objetivo es evitar que el patrimonio de la ciudadanía de Puebla resulte afectado por contratos irregulares heredados de administraciones pasadas. “Lo que vamos a buscar también es minimizar el daño a las finanzas del Estado”.
Reiteró que se trata de empresas que incurrieron en el delito de “delincuencia organizada”. En ese contexto, señaló que, para saquear las arcas del estado, se coludieron con servidores públicos. Por último, advirtió que se exhibirá públicamente a los exfuncionarios que estuvieron ligados a estos delitos, por lo que “no habrá omisión ni impunidad”.
