Tras un año de haber obtenido la custodia jurídica de su hijo, Susan Gómez Hernández no lo ha visto desde entonces ya que el padre del menor, Martín N., se ha negado a entregarlo, lo que llevó a la activación de Alerta Ámber por la desaparición del menor; colectivos de Puebla piden restitución del niño y vinculación a proceso de Martín “N”. 

Este viernes 18 de junio, a través de un comunicado del colectivo de Madres Exigiendo Justicia Contra la Violencia Vicaria (Mejclvv) se dio a conocer este caso de separación forzada ocurrido en la capital poblana

En el escrito se detalló que la custodia de A.G.G se otorgó a su madre desde el 20 de junio de 2025, por parte del Juzgado Tercero Familiar

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No obstante, no solo Martín N., su padre, se niega a entregarlo, sino también su familia ha ocultado el paradero del niño. 

En vista de ello, la situación ha llevado a la madre a la activación de una Alerta Amber y difundir su ficha de desaparecido. 

Padre enfrenta procedimiento penal por sustracción de menores

Actualmente el padre del menor, Martín “N”, enfrenta un procedimiento penal por el delito de sustracción de menores en Puebla. Lo anterior bajo el número de expediente 1132/2026/PUEBLA, cuyo conocimiento corresponde al Juez de Control Joel Daniel Baltazar Ávalos. 

Asimismo, en una audiencia del próximo 21 de junio a las 9:30 horas, se definirá si Martín “N” es vinculado a proceso o no. 

Cabe decir que, debido a la retención de su hijo por ya un año en Puebla, el padre de A.G.G., ya perdió la patria potestad del menor.

Igualmente, ya se encuentra vinculado a proceso por el delito de violencia familiar en agravio de la madre Susan Gómez. Esto ya que ejerció actos de abuso durante todo el tiempo que tuvieron su vida en común.

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Familia de Martín “N” protesta en contra de autoridad judicial

De acuerdo con el escrito, el día 18 de junio un grupo reducido de familiares y amigos de Martín “N” acudió a las afueras de Casa de Justicia de Puebla para lanzar consignas en contra de la autoridad judicial que conoce este asunto.

Por ello, los colectivos de mujeres pidieron a las autoridades involucradas y al juez de control guiarse exclusivamente por la ley. 

Asimismo, solicitaron la examinación del caso desde la perspectiva de género, la debida diligencia reforzada y el interés superior de la niñez.

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