Por la contaminación ante el mal manejo de lixiviados en el relleno sanitario de Chiltepeque, en la ciudad de Puebla, presentaron una denuncia penal y ambiental ante la FGR contra la empresa RESA y la Comuna de Puebla.
Así lo anunció el colectivo “Yo seré su voz” este 14 de julio,por medio de un comunicado, al informar que acudió a las oficinas del órgano ministerial a las 10 horas.
Según el posicionamiento, integraron a la denuncia pruebas documentales y técnicas que, aseguraron, evidencian el manejo irregular de lixiviados dentro del relleno sanitario de Chiltepeque. Esto, provocaría daños ambientales y a la salud de los habitantes de Santo Tomás Chautla.
Además, exponen la presunta modificación de cauces pluviales para conducir los escurrimientos hacia el medio ambiente.
Asimismo, señalaron que estas evidencias complementan la denuncia presentada ante la Profepa en febrero de 2026, luego de que, afirmaron, continuaron documentando presuntas afectaciones ambientales durante los últimos meses.
Cabe recordar que el 14 de mayo, la Profepa determinó aplicar la clausura parcial y temporal del relleno sanitario de Chiltepeque. Esta situación provocó que el gobierno municipal coordinara la recepción escalonada de residuos de la capital y de cuatro municipios conurbados.
Esta accón por parte de la Procuraduría Federal de de Protección al Ambiente (Profepa) fue considerado comoo insuficiente por parte de los integrantes del colectivo.
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Acusan responsabilidad de empresa y funcionarios
En el documento, la organización sostuvo que la denuncia también busca que la FGR investigue la posible responsabilidad de RESA y del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) de Puebla, así como al ayuntamiento de Puebla.
Hasta el momento de la redacción de esta nota, las personas e instituciones mencionadas no han emitido una postura pública sobre la nueva denuncia.
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Solicitarán asegurar el relleno sanitario
Como parte de las medidas cautelares, “Yo seré su voz” adelantó que solicitará a la FGR el aseguramiento del relleno sanitario de Chiltepeque.
Lo anterior, al considerar que existen elementos suficientes para que las autoridades ministeriales inicien la investigación de los presuntos delitos ambientales y penales.
El colectivo también afirmó que el supuesto manejo de lixiviados habría generado afectaciones al medio ambiente y a cuerpos de agua utilizados para actividades agrícolas.
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Asimismo, relacionó estos hechos con posibles daños a la salud de habitantes de comunidades cercanas. Sin embargo, dichas afirmaciones corresponden a los señalamientos del denunciante y no han sido determinadas por una autoridad competente.
Finalmente, la organización manifestó que continuará con las acciones legales derivadas del caso y pidió a la FGR investigar los hechos y deslindar responsabilidades.
